Ante el limbo en el que se encuentra el dictamen que reconoce la violencia vicaria como delito autónomo, diversas colectivas entregaron dos oficios al gobernador Pablo Lemus Navarro y a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fabiola Loya Hernández, además de promover un amparo, en un intento por agotar los recursos disponibles para que la reforma sea finalmente promulgada y publicada.

La asociación Civilidad Para Transformar A.C., que participó en la construcción del dictamen, sostiene que la legislación no solo cumple con estándares jurídicos, sino que abre una ruta clara para el acceso a la justicia. 

El diseño reconoce la violencia vicaria como una forma específica de violencia de género y la establece como delito autónomo, lo que permitiría investigar y sancionar estos casos con mayor precisión. Sin embargo, ese andamiaje sigue sin traducirse en protección efectiva, al no haberse concretado su entrada en vigor por parte del Ejecutivo estatal.

El procedimiento legal no deja demasiado margen a la interpretación: tras la aprobación legislativa, el Ejecutivo dispone de un plazo para hacer observaciones o vetar el dictamen. De no hacerlo, se configura una aceptación tácita que obliga a su promulgación y publicación. En este caso, ninguna de esas rutas se activó. Tampoco la última fase. En los hechos, la ley existe, pero no opera.

Desde las colectivas, se habla de un posible retraso administrativo, aunque también se reconoce, que este tipo de omisiones han sido utilizadas históricamente como una forma discreta de congelar reformas incómodas. 

A lo anterior Civilidad Para Transformar A.C. y la Colectiva Marea Incondicional optaron primero por la vía formal, oficios dirigidos al Ejecutivo y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, encabezada por Fabiola Loya Hernández.

Posteriormente, por la vía jurídica, mediante un amparo, buscando que un órgano jurisdiccional obligue a cumplir con la promulgación. 

Ana Paula Sandoval, Directora General de Civilidad subrayó que la no entrada en vigor de la ley representa un golpe grave para las mujeres en Jalisco, estado que, dijo, concentra altos niveles de violencia, incluyendo el primer lugar en llamadas al 911 por violencia sexual y familiar, así como una alta incidencia de violencia vicaria. 

Con estos recursos legales y acciones institucionales, las colectivas exigen que la reforma sea promulgada y publicada a la brevedad, a fin de que entre en vigor y garantice a las víctimas de violencia vicaria un acceso real y efectivo a la justicia en Jalisco. 

CES