El integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortez, advirtió que la impunidad es uno de los principales rasgos que definen al sistema de justicia en México, particularmente en delitos de alto impacto como la desaparición de personas.

El especialista explicó que existe una brecha significativa entre el número de delitos que se cometen y aquellos que realmente se investigan, se judicializan y concluyen con una sentencia. Describió este fenómeno como un embudo, donde la mayoría de los casos se quedan en etapas iniciales sin llegar a una resolución judicial.

Edgar Cortez señaló que una de las principales debilidades radica en la limitada capacidad de investigación de las fiscalías, lo que deriva en detenciones con pruebas insuficientes o incluso fabricadas. Indicó que, en muchos casos, las autoridades presentan a personas como presuntos responsables sin contar con evidencia sólida, lo que provoca que los procesos se caigan en etapas posteriores, especialmente durante los juicios orales.

Como ejemplo, mencionó un caso acompañado por su organización en Morelos, donde una mujer indígena fue acusada de secuestro con base en pruebas débiles. Tras un proceso prolongado, se demostró su inocencia, evidenciando fallas graves en la integración de la carpeta de investigación por parte de la fiscalía.

El analista subrayó que estas prácticas generan un triple impacto: afectan a personas inocentes que son privadas de la libertad, niegan justicia a las víctimas y permiten que los verdaderos responsables permanezcan impunes.

Añadió que los niveles de impunidad en el país alcanzan entre el 96 y 98 por ciento dependiendo de qué delito se trate.

Asimismo, destacó que la situación es particularmente grave en los casos de violencia contra las mujeres, donde persisten factores como la falta de perspectiva de género y la desconfianza institucional. Señaló que muchas víctimas no denuncian debido al temor, la revictimización y la percepción de que no obtendrán justicia.

Finalmente, Edgar Cortez advirtió que la baja en el número de denuncias no necesariamente refleja una disminución de los delitos, sino mayores obstáculos para acceder a la justicia. Concluyó que esta dinámica contribuye a erosionar la confianza social en las instituciones y perpetúa un ciclo de impunidad que impacta de manera estructural en la seguridad y el Estado de derecho.

GR