Cayó en San Gabriel 10% del apoyo a aguacate

Alrededor de 90 huertas aguacateras cercanas a mil hectáreas del municipio de San Gabriel han sido apoyadas con estímulos otorgados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura (antes Sagarpa, hoy Sader), en el curso de los últimos dos años.

En el contexto de Jalisco es relevante pues en el mismo periodo los apoyos generales son para entre 700 y 900 huertas y superficies totales de ocho mil a nueve mil hectáreas, de acuerdo con la información oficial de apoyos existente en el portal de sagarpa.mx.

El recurso es variable, pero en el acumulado de los dos años rebasó 10 millones de pesos, lo que da 12 mil 500 pesos por huerta y alrededor de mil 100 pesos por hectárea. Si se repara el pago de servicios ambientales, donde la Comisión Nacional Forestal otorga subsidios por hectárea que van de 350 a 800 pesos (y no hay una finalidad productiva, sólo conservación), es evidente que se trata de un subsidio importante en el contexto de los programas de estímulos del campo.

De acuerdo a los datos revisados, las montañas de San Gabriel recibieron de 10 a 12 por ciento del recurso de apoyo total para todo Jalisco, que es la segunda entidad que más produce Persea americana, abocado o aguacate. En particular, se favorece la variedad aguacate hass, que es la más aceptada en el mercado internacional: en la anualidad 2018, hubo apoyos para 245 huertas de todo el estado en esa variedad, pero sólo San Gabriel concentra la tercera parte, con 77 plantaciones.

El problema es que la política de subsidios, estímulos y apoyos que se otorgan a través del Sistema Producto Aguacate, incluye apoyos de paquetes tecnológicos, extensionismo, semillas mejoradas, asistencia en organización productiva, combate a plagas, cadenas de comercialización, y en especial, para exportar el producto. Pero poco componente ambiental, que se reduce a sanidad, la búsqueda de la inocuidad del producto, lo que incluye reducir la carga en materia de pesticidas y agroquímicos, el uso del agua altamente tecnificado.

No están internalizados en las cuentas del negocio, los costos ambientales, que van desde lo que significa cambiar un bosque diverso biológicamente por un monocultivo, hasta la alta presión por el agua y los efectos de las huertas a los procesos de la flora y fauna silvestres.

En 2010, el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Alejandro Macías Macías, advertía: "El aguacate es el cultivo que mayor dinamismo registra en el sur del estado de Jalisco en la primera década del siglo 21. Ello corresponde a los cambios que se vienen dando en la relación comercial entre México y los Estados Unidos, así como a la cercanía de la región con Michoacán, principal zona productora. Esta actividad económica, que se presenta como potencial detonadora de la economía regional, forma parte de un modelo agroindustrial que en aras de la rentabilidad económica, puede resultar depredador de los recursos locales e incrementar los niveles de vulnerabilidad de los territorio de producción, tanto desde el punto de vista económico, como medioambiental".

Por un lado, “sus características de producto de alto valor agregado y su potencialidad productiva en la región pueden ser detonantes de mayor crecimiento económico local. Por otro, su futuro y el del territorio se encuentran en riesgo de no existir un planeado y controlado crecimiento de las huertas que impidan su expansión en detrimento de otros recursos claves para la sustentabilidad del territorio, además de que se impulsen las disposiciones necesarias para evitar la concentración de los beneficios en unos cuantos actores (que incluso pueden ser la mayoría foráneos), y se establezcan las medidas de control para cuidar los recursos, tanto humanos como medio ambientales” (artículo: Zonas hortofrutícolas emergentes en México, ¿viabilidad de largo plazo o coyuntura de corto plazo? La producción de aguacate en el sur de Jalisco, en revista Estudios Sociales, julio-diciembre 2010).

Sin embargo, en 2019 las autoridades responsables de fomento (Sader federal y del estado), las normativas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, federal, y Secretaría de Medio ambiente, local) y las que sancionan delitos ambientales (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), no han podido aterrizar un acuerdo para que los recursos, apoyos y subsidios al aguacate estén condicionados a daño ambiental cero”, aunque se firmó un convenio con los aguacateros a finales de 2017.

El gobierno pasado, encabezado por Aristóteles Sandoval Díaz, presumía la enorme productividad de ese sistema. Su secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, por eso defendía a los aguacateros de los señalamientos de impacto ambiental: “Hay que tener claro es que todas las actividades que se desarrollan deben de estar centradas en un marco jurídico, y esto implica también a la parte productiva; entonces, aquí nadie debe estar fuera de la ley, hay responsabilidades en cada sector, y el sector ambiental debe de hacer su chamba y proceder conforme a la ley (...) en la parte de fomento, que es el caso nuestro, yo primero dejaría claro que el responsable de dar el cambio de uso de suelo es la Semarnat, y hasta donde yo tengo registrado, en el sexenio de Aristóteles Sandoval no ha entregado ni un solo permiso; por ahí hace 10 o 12 años se dio una rapada importante o desmonte. Con esto quiero decir que el gobierno de Aristóteles Sandoval actúa con plena responsabilidad, y que la promoción del aguacate va en una línea clara de buscar la reconversión productiva, ir dejando de lado cultivos de menor valor a cambio de estos; yo creo que el grueso del desarrollo del estado se sustenta en eso”, dijo al reportero en julio de 2017.

“Si hay casos fuera de la ley, hay que aplicar la ley; pero creo que son muchas dudas de que la mayoría se vaya por el camino al margen de la ley; en caso de que tenga detectado esto la Profepa, pues debe de actuar y aplicar la ley con todo rigor”, aseguraba.

JJ/I