Lo más grave de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) no es únicamente el monto no aclarado de mil 755 millones de pesos, sino la falta de garantías para recuperar esos fondos y la ausencia de sanciones oportunas para los responsables, advirtió el especialista en transparencia Jesús Ibarra Cárdenas.

El académico enfatizó que la ASEJ y las autoridades competentes deben transparentar la fecha exacta en que montos se volvieron créditos fiscales exigibles: “Ese dato es crucial porque a partir de esa fecha comienza a correr el plazo de prescripción. Es necesario conocer cuándo se realizó la última gestión de cobro y si existió alguna interrupción legal del plazo”, explicó.

En ese sentido, puntualizó que los informes de la auditoría deben activar de inmediato a las distintas instancias del Sistema Estatal Anticorrupción. En particular, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que debe utilizar esa información para abrir carpetas de investigación y determinar si las irregularidades configuran delitos como desvío de recursos públicos o enriquecimiento ilícito.

Finalmente, Ibarra criticó que la ASEJ se limite a reportar año con año el incremento de los créditos fiscales impagados sin que existan cobros efectivos. Por ello, urgió a identificar las fallas estructurales y reformar los sistemas de compras, nóminas, obra pública y controles internos para evitar el daño patrimonial a la hacienda pública antes de que los delitos prescriban.

AL