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Rompiendo
Ley Telecom
Para las expectativas y ambiciones del gobernador Enrique Alfaro, estar ubicado en la posición 14 de la tabla del Índice de Desempeño Gubernamental, que publica en su edición de junio la revista C&E Campaings & Elections Mexico, de ninguna manera puede considerarse un resultado satisfactorio. Sin embargo, los datos duros que presenta el estudio reflejan de manera puntual la evaluación de los jaliscienses a sus seis meses de gobierno. Situado a la mitad de la tabla, su gobierno es objeto de una evaluación severa. Si bien recibe 45 por ciento de aprobación, un alto 34 lo desaprueba. La equivalencia también se manifiesta en los rubros de “creación de empleos” (48 por ciento aprueba, 41 desaprueba) y “manejo de la economía” (45 por ciento aprueba, 38 desaprueba), es absolutamente reprobado en los rubros de “disminución de la pobreza” (63) y de manera contundente en “seguridad pública”, donde alcanza 68 por ciento de evaluación negativa.
Los números solamente son una expresión cuantitativa de un gobierno que se ha enfrentado a episodios de confrontación, desencuentro y escándalo, en este corto espacio de tiempo. Alfaro llega a la gubernatura con 39 por ciento de la votación y 100 mil votos menos de los obtenidos en Jalisco por Andrés Manuel López Obrador, con quien había estelarizado una ruda confrontación desde la campaña electoral, y que prosiguió en los meses siguientes a su toma de posesión. Su aventura federalista, su antagonismo sostenido hacia el delegado –súper delegado– Carlos Lomelí, su comportamiento en la crisis de abastecimiento de gasolina, derivada del combate al huachicol, terminaron por cobrarle factura en el ánimo de una ciudadanía, que en ese momento se alineó solidariamente al llamado presidencial y resintió la ausencia de una acción estatal que contribuyera a paliar los efectos incómodos de la medida.
En el rubro de los desencuentros han sido particularmente dos los que han incidido de una manera desfavorable a su gobierno. El primero, la decisión unilateral de desaparecer el instituto de protección para las mujeres, que culminó en el enfrentamiento de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano con las organizaciones ciudadanas que se oponían a la desaparición. El desencuentro dañó, inevitablemente, la imagen de un partido que declara ser el representante de los intereses ciudadanos. El segundo desencuentro no es nuevo, sino que ha sido una constante, y que tiene que ver con su extrema sensibilidad hacia la cobertura informativa de sus ejercicios de gobierno, particularmente cuando se hace desde una perspectiva crítica. No solamente desestima el alcance de los medios entre las audiencias, sino que los descalifica con expresiones despectivas, al llamarlos “periodiquitos”.
Finalmente, el escándalo suscitado en torno a la asignación del programa A Toda Máquina, en donde han concurrido la anécdota de la invitación de un empresario tequilero para asistir al juego de los Lakers, empresario que a la postre resultó ser el beneficiado con el multimillonario contrato. Pero, además, han salido a la luz un conjunto de irregularidades en los procedimientos que se realizaron en el transcurso de la asignación, que han dejado en entredicho su compromiso por la transparencia.
Si bien la confrontación con el gobierno federal ha sido sustituida por una franca colaboración y el control de daños con las organizaciones feministas tuvo resultados positivos, su talón de Aquiles sigue siendo la definición e implementación de su estrategia comunicacional. Está claro que se impone una seria autocrítica y una necesaria rectificación.
@fracegon
JJ/I