Judicial: van a la controversia

Mientras el viernes pasado se reportaba que apenas cinco ayuntamientos habían aprobado en su pleno el dictamen de reforma constitucional al Poder Judicial –que en Casa Jalisco tienen prisa por que salga adelante–, en reunión privada los magistrados aprobaron recurrir a la controversia constitucional para combatir las modificaciones aprobadas por los diputados.

El jueves sesionó el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en cuya agenda del día no se abordó el tema de las reformas que desaparecen el haber de retiro, modifican el tiempo de los magistrados en el cargo sin posibilidad de reelección o ratificación, incluyen a las universidades y al Comité de Participación Social en el proceso de selección de los nuevos magistrados y establecen la aplicación de una prueba de control y confianza en la que se considera que se sometan al polígrafo, entre otros.

Sin embargo, fue al final de esta sesión que, en reunión privada, los magistrados aprobaron la contratación de un especialista para que estudie y analice estas controvertidas reformas y con base en ello se elabore el documento para promover la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decisión que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo estaban conscientes que daría el Judicial, pero aun así se empeñaron en sacar sus reformas.

Los magistrados, por supuesto, confían en que la Corte les dé la razón, que significará un serio descalabro para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y su famosa refundación que hasta el momento ha quedado en simple retórica y referencia en sus boletines de prensa, porque en los hechos nada ha avanzado; por el contrario, los resultados le son desfavorables a su proyecto.

Y es que, curiosamente, ahora que Movimiento Ciudadano tiene el gobierno del estado y mantiene los ayuntamientos que gobernó en el trienio pasado, ha cambiado de discurso en busca de justificar o tapar sus propias fallas y errores en seguridad pública, renglón en el que suman un rotundo fracaso.

¿Recuerdan que cuando el PRI gobernaba Jalisco y Movimiento Ciudadano los municipios –Alfaro en Guadalajara– su argumento para justificar su incapacidad en materia de seguridad pública era que la Fiscalía del Estado dejaba libres a los presuntos delincuentes que sus policías detenían? Ahora que los alfaristas tienen el gobierno estatal y, por ende, la Fiscalía depende de ellos, además de los ayuntamientos, ya no culpan a los ministerios públicos de soltar a los supuestos delincuentes, sino que dirigieron sus baterías y señalamientos contra jueces y magistrados. ¿Así o más claras sus intenciones de asumir el papel de Poncio Pilatos y ellos lavarse las manos, encontrando siempre a quién culpar para justificar su ineficiencia e incapacidad?

He ahí la razón por la que el Ejecutivo tenía prisa en presentar y discutir una reforma al Judicial y luego en que a dichas reformas se les declare su constitucionalidad para promulgarlas. Pero a partir de que esto último suceda, el Poder Judicial tiene 30 días para recurrir a la controversia, en la que ya comenzó a trabajar.

Y a reserva de conocer algunas otras controversias similares en las que el Judicial de alguna entidad obtuvo la razón, en el caso del haber de retiro hay una correspondiente al Poder Judicial de Nuevo León, de 2017, en la que la Suprema Corte falló a favor de los magistrados basada en una jurisprudencia que los ministros resolvieron en aquella ocasión a favor del Poder Judicial de Jalisco.

Hoy el Poder Judicial enfrenta una embestida desde el Poder Ejecutivo como la que vivió en el primer gobierno del PAN con Alberto Cárdenas Jiménez. Y en aquella ocasión todas las ganó. Al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I