Proponen compliance para SEA

Usar el mecanismo compliance dentro del Sistema Estatal Anticorrupción 2.0 tiene la intención de que las empresas participantes en licitaciones cumplan con todos los términos legales y se apeguen a un manual de procedimientos.

En la tercera mesa de trabajo sobre esta reforma 2.0 se explicó que este mecanismo tiene el objetivo de lograr que las empresas que ofrecen productos y servicios a entes de gobierno a que cumplan con el marco regulatorio, el cual incluye no sólo leyes sino políticas corporativas y códigos o reglamentos de ética y conducta.

La presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, Mirza Flores Gómez, expuso la importancia de aplicar estas nuevas técnicas y mecanismos que impactan de manera importante a los sectores de gobierno y empresarial.

“Se busca que impacte no sólo en el sector público, sino también en el sector privado, favoreciendo así a las empresas comprometidas con que su trabajo sea de absoluta calidad, puesto que nuestro Estado, necesita a empresarios con este compromiso, conscientes que, al generar más ganancias, éstas darán lugar a más empleos, por consiguiente, una mejora en la economía de Jalisco”, aseveró.

Durante la reunión se destacaron los beneficios de tener un compliance en las empresas para que puedan cumplir con las obligaciones que acuerden con el sector público como la facilidad de acceso al financiamiento público o privado, crecimiento ordenado y estructurado, prevención de operaciones ilícitas, identificación de los niveles de autoridad y responsabilidad, transparencia interna y ante terceros, administración adecuada de riesgos en la sociedad, mejor imagen institucional, cumplimiento regulatorio y normativo, responsabilidad institucional y competitividad en el mercado.

Aimeé Figueroa Neri, secretaria técnica del SEA, subrayó que las certificaciones de los proveedores en materia de integridad empresarial, deben ser un incentivo para mejorar las adjudicaciones públicas.

La integridad empresarial promueve el desarrollo local, la competencia libre y justa, además de fortalecer las conductas imparciales en el sector privado para disuadir irregularidades y corrupción. 

En estas mesas de trabajo se contó con la participación de funcionarios públicos, diputados locales, académicos, especialistas y representantes del sector privado.

EH