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Apuesta de campaña
El voto despojando afores
El proyecto de construir un patio de producción sostenible de ladrillo en Tlaquepaque se encuentra estancado prácticamente en su fase inicial.
En 2017 el gobierno del estado se comprometió a invertir 20 millones de pesos en este plan, que sería el primer paso para transitar hacia una producción más limpia y eficiente de ladrillos. Sin embargo, al día de hoy el patio de producción no existe y las ladrilleras siguen contaminando el aire la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Una las razones por las que el proyecto no presenta avances desde agosto del año pasado se halla en el incumplimiento del gobierno de Tlaquepaque en las fechas de entrega de los terrenos donde se tiene contemplado construir el parque ladrillero.
En marzo de 2018, el cabildo municipal aprobó la compra de un terreno en el ejido de San Martín de las Flores por 2 millones de pesos. Dos meses después, el ayuntamiento decidió que el mecanismo adecuado para adquirir estas tierras era la expropiación, pero al tratarse de terrenos ejidales el proceso fue mucho más tardío y complejo de lo que las autoridades esperaban.
Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) solicitó al ayuntamiento las escrituras de los terrenos para comenzar la elaboración del proyecto ejecutivo. Al no contar con las escrituras, el gobierno de Tlaquepaque presentó un convenio de ocupación previa –una figura jurídica que acredita la expropiación–, documento que resultó insuficiente para la dependencia estatal, pues se necesitaba acreditar la propiedad total del terreno donde se iban a ejecutar las obras.
El gobierno de Jalisco había destinado en el presupuesto del año pasado 20 millones de pesos para las obras de construcción del parque ladrillero, y en vista de que no se cumplieron los plazos y no se ejecutó el recurso, el Congreso del estado, reasignó el recurso a otras partidas en el presupuesto 2019.
“Ya fue muy tarde, ya era junio y no teníamos todavía un terreno. Se estaba dando el proceso por parte del ayuntamiento y del municipio, las gestiones se estaban haciendo, pero ya era el último año de gobierno y estábamos fuera de tiempo prácticamente. Era una construcción que se estimaba en alrededor de 4 meses y prácticamente estábamos fuera de tiempo” afirmó Adriana Rodríguez, ex directora de Calidad del Aire de la Semadet, quien aseguró que los retrasos en la entrega de los terrenos fue la causante la pérdida del recurso.
La propiedad del terreno se acreditó hasta mitad de año pasado. Información obtenida gracias a una solicitud de información realizada por este medio muestra que el pago al ejido de San Martín de Las Flores se efectuó en agosto.
Roberto Baltazar, director de Medio Ambiente del gobierno de Tlaquepaque, negó que el ayuntamiento hubiera incumplido los compromisos pactados y aseguró que “previamente se le solicitó a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública si con esto (convenio de ocupación previa) se podía acreditar el terreno y efectivamente dijo que sí”.
El funcionario del Ayuntamiento de Tlaquepaque culpó a la administración anterior de la Semadet de los retrasos.
“Ellos ya no le dieron seguimiento, reasignaron el recurso y nos cerraron la puerta; quedamos en trabajar el proyecto de la obra civil del patio y nunca nos marcaron la directriz de cómo debía ser el desarrollo”.
Los retrasos causaron que el plan para construir u parque ladrillero quedara en la fase de anteproyecto ejecutivo, una etapa muy prematura para afrontar un cambio de administración estatal.
“La secretaría (de medio ambiente) ya nos está informando que para ellos no es lo ideal establecer un parque ladrillero dentro de la ZMG, y tiene cierta congruencia no tener un parque ladrillero aquí que nos esté generando más contaminación” advirtió el director de medio ambiente de Tlaquepaque.
Adicionalmente, la Semadet aseguró que trabajará en un proyecto ejecutivo que determinará si el parque ladrillero resuelve la problemática de la calidad del aire; están evaluando también hacer modificaciones a la normatividad estatal que rige la ubicación de las ladrilleras.
Dadas las circunstancias, en caso dado que la Semadet establezca criterios que determinen la inviabilidad de construir el parque ladrillero donde estaba planeado, el gobierno de Tlaquepaque habrá perdido prácticamente 2.2 millones de pesos invertidos en terrenos y estudios de factibilidad.
Buen plan. En 2017 el gobierno del estado se comprometió a invertir 20 millones de pesos en un proyecto para construir un parque ladrillero, que sería el primer paso para transitar hacia una producción más limpia y eficiente.
En el municipio de Tlaquepaque hay 131 ladrilleras, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). De este total, sólo 7 cuentan con licencia municipal vigente, según la Dirección de Padrón y Licencias del gobierno municipal.
La licencia les permite operar y realizar sus actividades bajo la vigilancia gubernamental.
El trabajo de los ladrilleros es mal pagado, muy pesado y trae consigo serias afectaciones a la salud por los contaminantes a los que se enfrentan a diario; la posibilidad de adquirir un terreno propio para trabajar es casi una utopía gracias a su estrecho margen de ganancia. Aunque son conscientes de la contaminación que generan, los ladrilleros poco pueden hacer para disminuir el impacto ambiental de su actividad.
Por esta razón, en 2013 un grupo de productores se unió para formar legalmente la Cooperativa Unión de Ladrilleros. Carlos León, su secretario general, asegura que se unieron buscando mayor rentabilidad.
“Unas 12 personas con campos ladrilleros nos unimos en una cooperativa. Realmente nos unimos con esa mentalidad de formar un negocio, de alguna forma no familiar, y de ahí nació la Cooperativa Unión de Ladrilleros con el fin de tener ingresos, de ahí sacar para la manutención de los hijos”, explicó León.
Aunque esta cooperativa nació con fines meramente económicos, su labor ha sido fundamental para unificar la voz de los ladrilleros ante el gobierno.
Este pequeño grupo no es la voz de todos los ladrilleros de Tlaquepaque, pero el hecho de estar legalmente constituidos como cooperativa les ha servido para tener un seguimiento más cercano y un contacto más directo con las autoridades.
De hecho, esta cooperativa participó en 2016 en la discusión del reglamento municipal que regula la actividad ladrillera en el municipio, y también ha tenido una serie de acercamientos con el ayuntamiento en el diseño del parque ladrillero.
Entre sus prioridades se cuentan mejorar sus ganancias y disminuir el impacto ambiental de su actividad. Por esa razón, constantemente están en búsqueda de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente.
Poco a poco han ido implementando medidas para disminuir la contaminación, como cambiar el diseño de los hornos o dejar de quemar ciertos materiales como aceites y plásticos.
Sin embargo, en muchas ocasiones la intención de aplicar tecnología más avanzada no llega a concretarse, pues sus costos son bastante elevados y ningún banco o entidad financiera les da crédito.
Por esa razón, están en constante contacto con el gobierno, universidades y el sector privado ya que pueden ser sus principales aliados para mejorar su producción, invertir en tecnología o generar mayor rentabilidad.
No obstante, los ladrilleros aseguran que de todos los actores, con el que más hace falta trabajar es con el gobierno, pues es con éste con quien pueden formalizar su actividad, tener acceso a un sistema de salud y disminuir la precariedad que su trabajo.
“Estamos capacitándonos, viendo temas de cuestiones ambientales, aire limpio, para de alguna forma seguir mejorando al entorno de la comunidad. Esa es nuestra visión como cooperativa, no contaminar, trabajar para que sea sustentable para nosotros y a la vez sea benéfico para la sociedad”
Carlos León, líder de la Cooperativa Unión de Ladrilleros.
23 fábricas estaban contempladas en el parque ladrillero
da/i