Tras reunirse con legisladores federales y locales, alcaldes y regidores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, presentó un posicionamiento sobre la situación del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Entre sus principales planteamientos se encuentran la realización de auditorías al Siapa, la emisión de una alerta sanitaria por la mala calidad del agua, la exención de cobros a usuarios afectados y el rechazo a contratar una deuda pública de hasta 20 mil millones de pesos (mdp) para proyectos hidráulicos.
La presidenta nacional de Morena afirmó que la crisis hídrica que enfrenta la ZMG es resultado de años de desatención por parte de administraciones estatales y municipales encabezadas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).
El partido propuso realizar auditorías forenses al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) para revisar la actuación de funcionarios, eliminar prácticas de corrupción, transparentar contratos y fortalecer la participación de los municipios en la toma de decisiones del organismo.
También planteó frenar la entrega de factibilidades hídricas para nuevos desarrollos inmobiliarios mientras persistan problemas de abastecimiento y rechazó la participación de la iniciativa privada en la conducción del Siapa.
En materia de tarifas, respaldó el descuento del 80 por ciento aprobado por el Congreso del Estado para usuarios afectados por la mala calidad del agua y pidió a las autoridades sanitarias que emitan una alerta sanitaria al considerar que la calidad del agua representa un riesgo para la salud de la población.
Sobre el financiamiento que analiza el gobierno de Jalisco para infraestructura hidráulica, el partido rechazó contratar una deuda de hasta 20 mil mdp, monto del financiamiento que la administración estatal buscará para atender la crisis hídrica, al considerar que podría traducirse en un aumento de las tarifas para los usuarios.
La dirigente nacional afirmó que antes de discutir cualquier esquema de financiamiento debe presentarse el proyecto técnico y financiero completo, y añadió que la información conocida hasta ahora es insuficiente, incluso aseguró que uno de los documentos revisados habría sido elaborado en más de un 70 por ciento mediante herramientas de inteligencia artificial, por lo que consideró que no ofrece sustento técnico para su evaluación.
La dirigente también defendió la inversión del gobierno federal en infraestructura hídrica y resaltó que a la Presa El Zapotillo se le han destinado más de 11 mil 300 mdp. En ese sentido, pidió al gobierno de Jalisco poner en operación la infraestructura necesaria para incorporar 3 mil litros por segundo al sistema metropolitano.
Finalmente, reiteró su rechazo a cualquier esquema de privatización del agua y aseguró que seguirá impulsando acciones para garantizar el acceso de la población a agua potable de calidad y fortalecer la participación de los Municipios en la gestión del servicio.
Tlaquepaque, contra ex funcionarios por adeudos millonarios con el Siapa
El gobierno de Tlaquepaque presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra ex tesoreros y ex directores de Agua Potable y Alcantarillado de las tres últimas administraciones municipales. La denuncia incluye los presuntos delitos de corrupción, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como falsedad de declaraciones e informes rendidos a una autoridad.
El síndico municipal, José Luis Monterde Ramírez, explicó que la acción legal forma parte de la estrategia jurídica que el ayuntamiento mantiene frente a los adeudos reclamados por el Siapa.
Señaló que los ex funcionarios tenían la obligación de prever en los presupuestos de egresos los recursos para cubrir los pagos al organismo operador y, al no hacerlo, permitieron la acumulación de multas y recargos.
El funcionario sostuvo que esa omisión habría provocado un daño al patrimonio municipal al incrementar la deuda por conceptos accesorios. Añadió que la responsabilidad penal se concentra en las administraciones comprendidas de 2015 a la fecha debido a que los hechos anteriores habrían prescrito conforme a la legislación vigente.
Monterde Ramírez indicó que el Municipio detectó adeudos que se remontan a 2003; sin embargo, afirmó que el Siapa no ha entregado la documentación necesaria para acreditar el origen de cada una de las cuentas ni los recibos correspondientes que permitan verificar los montos reclamados. También señaló que algunas de las cuentas identificadas pertenecen a otras instituciones públicas e incluso a particulares.
Finalmente, reiteró que el gobierno de Tlaquepaque mantendrá su estrategia jurídica para exigir la aclaración de los adeudos reclamados por el Siapa y buscar que se finquen responsabilidades a los ex funcionarios que presuntamente ocasionaron un daño al patrimonio del Municipio. Miguel Ángel Vidal
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