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Zapopan
Posando para la foto
La intención de los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, de retomar el proyecto de la presa El Zapotillo encontró un nuevo obstáculo: la empresa Abengoa consiguió una suspensión sobre la concesión para el trasvase, por lo que un juez federal ordenó que las cosas se queden en las condiciones que están actualmente.
Además, la empresa española, que debía construir el acueducto que iría de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, presentó la cuenta de los recursos que exige como indemnización por más de 2 mil 378 millones de pesos.
La medida cautelar fue dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 19/237-24-01-02-08, promovido por la Concesionaria del Acueducto El Zapotillo SA de CV “con el fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban hasta antes de interponer la presente instancia contenciosa administrativa”.
La demanda fue presentada por Abengoa contra un oficio emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 23 de noviembre de 2018, en el que pide a la empresa “la entrega del inventario actualizado de la infraestructura”. Ante esto, se ordena a la autoridad “abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a dar acatamiento a la resolución combatida”.
En un oficio expedido el 15 de febrero pasado, del que este diario tiene una copia, el director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Antonio Juárez Trueba ordena al residente de obra del acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León Guanajuato, Jesús Bertoldo Heras Camacho, “que de manera inmediata y en lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a dar un acatamiento a la resolución contenida en el oficio BOO-B12-0001530 del 23 de noviembre de 2018”, emitido por Conagua.
También le pide remitir toda la información “a fin de estar en posibilidad de rendir el informe solicitado por el tribunal”.
Por su parte, el residente de obra respondió que durante el tiempo que esté vigente la medida cautelar “corresponde a la persona moral Concesionaria del Acueducto El Zapotillo SA de CV la protección, conservación, mantenimiento y vigilancia de la infraestructura que se encuentra en el sitio de la obra, así como el mantener en pleno vigor los permisos y autorizaciones correspondientes, a fin de que las cosas se mantengan de manera integral en el estado que se encontraban antes que se ordenara la medida cautelar”.
La empresa ganó en septiembre de 2011 el concurso internacional para la concesión por 25 años del acueducto que llevaría el agua de la presa a León, Guanajuato, el cual debía estar concluido en octubre de 2014. Sin embargo, la obra nunca comenzó.
La empresa Abengoa enfrentó problemas financieros y entró en un proceso de quiebra en España, por lo que en México puso a la venta bonos de deuda para capitalizarse, los cuales fueron adquiridos por diversas empresas y organismos, entre los que está el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), que aportó más de 600 millones de pesos, dinero que ya no pudo recuperar.
Mientras la concesionaria lidiaba con esos problemas financieros, el ejido Agua de Obispo y la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos promovieron demandas de amparo en las cuales consiguieron la suspensión para que el acueducto no pasara por sus tierras.
El 25 de junio del año pasado El Diario NTR Guadalajara publicó que Abengoa renunció a la concesión, pero exigió el pago de la obra y de los servicios que prestaría. Esto, a pesar de no colocar ni un metro de tubería, pero con el argumento que no cumplió porque la Conagua nunca le entregó los derechos de vía.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es importante buscar un acuerdo respecto a la presa El Zapotillo. “Ya hay un acuerdo entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, es un avance, pero falta el acuerdo con la gente. No se trata sólo de un acuerdo entre las autoridades hay que buscar el acuerdo con la gente”, afirmó.
López Obrador comentó que la presa inició su construcción desde el gobierno del presidente Vicente Fox y no hubo un acuerdo previo con las comunidades afectadas.
“Se dieron contratos, se empezó a construir la presa, se llegó a elevar la cortina de la presa hasta 80 metros porque el proyecto era elevarla a 110. El Poder Judicial decidió que sólo podían permitirse los 80 metros”.
Reveló que en estos momentos se están haciendo trabajos para reforzar la presa y evitar riesgos de inundación.
López Obrador ya se reunió con los gobernadores, la Conagua, la Semarnat y con los pobladores de las comunidades afectadas. Informó que “se acordó iniciar un proceso de diálogo, escucharnos todos. Que la gente que necesita el agua sepa que los afectados pues tienen derecho y también los de los pueblos donde va a ver afectaciones aun cuando podamos mitigar o quitar riesgos”.
Lo que se pretende es buscar “racionalmente” una salida. “No se puede destruir lo que se hizo porque hay una inversión. No podemos usar la picota y derrumbar la cortina que se construyó. El otro planteamiento es que no vamos a usar la fuerza”.
Confirmó que los acuerdos implican “que se proteja a los pobladores y haya indemnizaciones justas y resolver problemas legales porque hay una demanda de una de las empresas en contra del gobierno… la que estaba contratada para hacer el acueducto (Abengoa) y al mismo tiempo existe el otro punto de vista de que la empresa no cumplió”.
Aportación de capital
466’049,782
Gastos financieros
65’059,962
Gastos no recuperables
652’159,921
Indirectos por mayor permanencia
393’046,090
Estimaciones pendientes de cobro aprobadas
255’626,286
Intereses de demora por falta de pago
23’752,497
Costos reconocidos en la tercera modificación del título de concesión
254’037,914
Seguros, fianzas y cartas de crédito
268’770,379
Total
2,378’502,831
da/i