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Crucificándose
Empiezan las campañas
A estas alturas de las administraciones locales ya podemos afirmar sin temor a una equivocación que estamos enfrentando en Jalisco, y tal vez en México, los gobiernos más intolerantes ante el ejercicio libre de la prensa seguramente desde la era del predominio absoluto del PRI, antes de 1994, con el agravante de que aquel era un régimen de partido hegemónico que en los hechos tenían sus reglas no escritas para el control de la información y de la libertad de opinión, mientras estos gobiernos, fundamentalmente emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC), se supone que se rigen bajo las reglas democráticas y que tienen claro que el poder institucional no es equiparable al de los particulares, y por eso está obligado a la sobriedad y la prudencia.
Son muchos y diversos los expedientes que lo acreditan. El mal ejemplo lo pone sin duda el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien ha demostrado que no es un gobernante apto para un ambiente de libertad. Su intolerancia ya es legendaria, pero, además, el modo en que su equipo interviene en redes sociales para acosar a profesionales de la información con perfiles falsos, y también, en la medida en que los empresarios lo permiten, en las líneas editoriales de los medios, lo que ha derivado en despido de reporteros y columnistas incómodos. Resulta paradójico que un gobernante que ha pretendido reconocimiento como defensor de la libertad de expresión e incluso elevó un monumento –de dudoso gusto estético– para los caídos por ejercer la libertad de prensa, sea un temible adversario de su ejercicio cotidiano. El amor difícil es para el prójimo, no para el lejano, recordemos irónicamente el texto de San Mateo.
Esto cunde. Es absurdo que los gobernantes pretendan que ejercen solamente un derecho a réplica ante todo el efecto que pueden desencadenar sus posturas irracionales. Ese es un tema en el cual también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto un pernicioso ejemplo. A su vez, lo ejercen también funcionarios municipales, sobre todos en los territorios alejados de la capital.
Un ejemplo alarmante es el caso del presidente municipal de Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), José de Jesús Guerrero Zúñiga, otro emergido de MC que aspira a haber inventado la política. Este alcalde no sólo presiona a los reporteros, sino que los amenaza. Así ha ocurrido con los colegas del medio electrónico El Suspicaz, quienes publicaron la relación de la familia del presidente con los cultivos de aguacate. Ser aguacatero no es un delito salvo en el caso de cambio de suelo forestal ilegal. Lo que está documentado es la relación con la sobreexplotación del agua que implica cualquier cultivo de aguacate sea legal o no, y en ese caso, los familiares de Enrique Alfaro están en la misma circunstancia.
Al alcalde no le gustó. No pidió derecho de réplica (¿réplica contra qué?), sino que amenazó a los reporteros y posteriormente a un medio que les da trabajo, aunque éste no había publicado el trabajo. “Si no los controlas, te voy a quitar la publicidad”, le dijo el alcalde al director de ese medio. Luego ofreció financiar a El Suspicaz, pero con una línea editorial a modo (¿cuántos casos similares?).
Si a MC le preocupa no constituirse en una emergente fuerza antidemocrática, deberá intervenir para meter en cintura a este alcalde. Eso no es ejercicio libertad de expresión, es acoso y está produciendo efectos desastrosos, como son 15 muertes en el país en apenas 10 meses de las nuevas administraciones. No es aceptable y la gente de a pie debe cobrarles en algún momento esta desmedida soberbia.
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JJ/I