Justicia, lastre de sí misma 

La famosa coordinación interinstitucional entre los cuerpos de seguridad, de la que tanto alardean los municipios, el estado y la Federación, sigue siendo un juego de desentendimiento. 

Prevalece en los niveles de mando el gusto por el lucimiento. Ante la sociedad hablan de trabajos conjuntos, de objetivos comunes, de esfuerzos unidos. Sin embargo, en el nivel de tropa el policía siempre busca dejarle el trabajo a alguien más. También institucionalmente, ante la necesidad de intervención de elementos policiales en determinada situación, los comandantes y las cabinas buscan trasladar la responsabilidad a otras corporaciones con base en delimitaciones territoriales que supuestamente ya estarían superadas con la implementación de la Policía Metropolitana de Guadalajara. 

La semana pasada, ante el reporte de una persona sin vida en una zona limítrofe de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, ambas comisarías pasaron horas echándole la responsabilidad a la otra de siquiera ir a verificar la información. Llegaron primero los reporteros que los policías. Ni aun con la presencia de la prensa en el lugar la policía municipal de uno u otro territorio desplazaba agentes a resguardar la zona para preservar los indicios, como se supone que deberían hacer. 

Esto no es un hecho aislado, sino que se repite dentro de los mismos municipios en las divisiones de los sectores. Los tripulantes de una patrulla pueden darse la vuelta cuando les avisan de alguna situación y cargarle el trabajo a alguna otra unidad que se deje. 

Con la policía estatal no hay una especial comunicación por parte de los municipios. Si los negros (que así son sus uniformes) están cerca y les ordenan ir a atender algún reporte, los municipales ni se moverán para ir a ver qué sucede. 

Y todo esto se desprende de una serie de trámites burocráticos que implican para el primer respondiente involucrarse en alguna noticia criminal o atender cualquier tipo de situación, por ejemplo, por sanción administrativa. Además del llenado del informe policial homologado, que ha sido el dolor de cabeza de los policías desde hace años, ahora se va incorporando la obligación de realizar el Registro Nacional de Detenciones. Por ahora aplica únicamente para detenidos del fuero federal, pero en unos meses tendrá que estar ya completamente implementado para detenidos del fuero común, lo que será el salto verdadero del modelo de detención, porque ellos representan el grueso de la actividad policial. Ya para 2021 solamente restaría incorporar las detenciones administrativas, pero si se realiza la transición adecuadamente no tendría por qué haber mayor problema. Teóricamente. 

Un policía que ha realizado una detención puede eventualmente ser llamado a participar en el juicio oral por parte del ministerio público, de la defensa o del propio juez. Digamos que eso tampoco es un incentivo para que los policías tengan ganas de hacer su trabajo en el momento que se requiere y en el lugar indicado. Contrario a ello, sentirán la tentación de endilgar a alguien más “el servicio”, como ellos dicen. Y, aun así, tampoco es muy frecuente que los llamen a declarar. 

Todo esto también aplica para el ministerio público. Hace unos días asistí a una escena de homicidio donde, varias horas después de cometido, el representante social no se había presentado todavía para empezar el levantamiento del cadáver. Una situación que tres o cuatro años atrás ya estaría resuelta a un par de horas de reportada. 

Es impresionante cómo un sistema penal pensado para mejorar la impartición de justicia se ha vuelto un lastre para sí mismo, debido a que las instituciones no se adecuaron cómo deberían. 

Twitter: @levario_j

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