El derecho a ya no más 

Para ser una prioridad del gobierno de Jalisco, las investigaciones de personas desaparecidas parecen más bien algo accesorio. 

Resulta ridículo que todo el gabinete de seguridad salga a presumir el aseguramiento de una granada casera y se niegue a hablar de las investigaciones de las fosas clandestinas que tanto preocupan a los jaliscienses. 

Es un aseguramiento que no solamente no correspondió a ellos, sino a la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque, pero además la investigación es competencia de la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un delito violatorio a la ley federal de armas de fuego y explosivos. 

Cuestionado directamente por la prensa, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez evadió abordar el tema de las investigaciones en curso por personas inhumadas, específicamente el más reciente hallazgo de una fosa clandestina en el municipio Jocotepec. 

La opacidad de la Fiscalía Estatal y del gobierno del estado respecto a las labores de exhumación de víctimas de desaparición contrasta con su promesa de dar prioridad a la búsqueda de personas desaparecidas y de informar a la ciudadanía respecto a las labores institucionales. 

No es un asunto menor. Jalisco se ha convertido en una enorme fosa clandestina, dicen algunos un tanto exageradamente, aunque no sin una sincera preocupación por el fenómeno delictivo que nos aqueja de levantones, asesinatos e impunidad. 

Los desaparecedores logran su cometido reiteradamente colocando en el anonimato a las víctimas que privaron de la libertad y de la vida. Colocarlas bajo tierra, incluso bajo el agua para que sus restos no sean encontrados, es un acto aniquilador que hace eco en el silencio de las autoridades respecto a la identidad de esas personas. 

Monumentos como la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres buscan marcar en la memoria de la ciudadanía los logros de personas que hicieron algo notable, una valiosa aportación a la sociedad. Un monumento como el de avenida Chapultepec, oficialmente dedicado a los dudosos Niños Héroes, pero rebautizado cómo Glorieta de las y los Desaparecidos, tiene una vocación contra el olvido. 

Hasta ahora, ese espacio ha sido uno de apropiación por parte de los colectivos de búsqueda y activistas que transformaron la estéril significación que tenía el monumento por sí solo. Pero esa apropiación es un reclamo a las instituciones que no han solucionado el problema ni le han dado una respuesta digna como la merecen las personas que ya no están. 

Se requiere una respuesta definitiva y congruente, comprometida. No sería en absoluto otorgar espacios para la expresión de las personas que tienen a alguien desaparecido, no tendría por qué ser intervenir en esa apropiación que ya han logrado. Tendría que ser destruir todas las circunstancias que han propiciado la perpetuidad del fenómeno criminal. Tendría que ser una transformación completa del actuar institucional partiendo de la verdad, de la sinceridad, de contestar a las preguntas, comenzando por las más básicas: ¿quiénes? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cómo? 

El primer paso sería informar verdaderamente acerca de la situación actual. Detallar los hallazgos y explicar qué pasó ahí. Convertir en algo cotidiano los informes de víctimas exhumadas, no solamente rellenar un machote cambiando cifras para actualizar los datos. 

La semana pasada, Ana Enamorado, la madre de un joven que desapareció hace 10 años proveniente de Honduras, exhibió la simulación que ha vivido aún en este gobierno respecto a la búsqueda de su hijo y a la manera en que su condición de víctima indirecta ha sido violada. Eso no puede suceder ya más. Todos tenemos derecho a la verdad y a que no vuelva a ocurrir. 

Twitter: @levario_j

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