¿Para qué sirve el Poder Legislativo?

Que el Congreso del Estado sea una ventanilla de trámites para las iniciativas y decisiones del gobernador en turno ya no es una novedad. Sin embargo, la actual Legislatura ha superado esa condición al renunciar a cualquier derecho de ejercer sus atribuciones y responsabilidades para poder cumplir con las órdenes del gobernador Enrique Alfaro.  

Lo vimos en la sesión del viernes pasado, cuando aprobaron las iniciativas que envió el Poder Ejecutivo para modificar el Presupuesto de Egresos de 2020 y la autorización para contratar un crédito de 6 mil 200 millones de pesos. No sólo permitieron que les quitaran 50 millones de pesos de los recursos que les fueron asignados este año, sino que también renunciaron a la posibilidad de que al menos pareciera que hacían su trabajo. 

El respaldo incondicional de las bancadas de un partido político afín a un gobernador es algo normal. Tal vez la única excepción fue aquella Quincuagésima Octava Legislatura, cuando el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) era Jorge Salinas Osornio y el gobernador era Emilio González Márquez, ya que pertenecían a dos grupos antagónicos al interior del blanquiazul; en esa ocasión las diferencias se resolvieron con una millonaria chequera abierta para los diputados. 

Por lo regular, cuando un gobernador tiene mayoría en el Congreso aprovecha para sacar adelante sus proyectos, por lo que no habría que esperar que entre Enrique Alfaro y la fracción de Movimiento Ciudadano fuera diferente. Sin embargo, los diputados han renunciado a tener una agenda propia o al menos adicional a la del gobernador, además de ser incapaces de corregir los errores en las propuestas que les llegan desde el Ejecutivo. 

En anteriores legislaturas este tipo de propuestas se negociaban con los diputados. Es cierto, no siempre a favor de los ciudadanos, pero los diputados buscaban cambios e incidir en la asignación de recursos. El viernes la bancada mayoritaria no lo permitió. 

En las últimas decisiones que se han tomado desde el Poder Legislativo, a los diputados de Movimiento Ciudadano sólo se les permite hablar si es para defender los planteamientos del gobernador. Que sus iniciativas estén en la congeladora o que sus proyectos de reforma no avancen, no se dice. En este caso sólo puede haber silencio. Dos ejemplos claros son la llamada reforma 2.0 al sistema anticorrupción y la relacionada con desaparición de personas. 

En el caso de los ajustes al presupuesto, lo único que hicieron los diputados fue cubrir los errores que había en los documentos para que las cifras cuadraran. A pesar de los millonarios montos que se movieron, no tuvieron oportunidad de opinar ni de hacer ajustes y mucho menos de participar en el reparto. 

Su obligación de respaldar al gobernador es entendible, pero no se justifica que renuncien a hacer su trabajo. 

Eso no quiere decir que quedarían fuera ya cuando el dinero se gaste, pues en las negociaciones algunos diputados que se opusieron han señalado que les ofrecieron “lo que quisieran” a cambio de su voto, cuando todavía no completaban la mayoría calificada que se requería. 

En resumen, poco a poco la actual Legislatura ha logrado devolver la mala fama que tenía el Congreso del Estado y que se había logrado corregir en las legislaturas previas. Con contadas excepciones, han vuelto los excesos en la contratación de personal, los gastos superfluos y, lo más grave, la inutilidad del Legislativo para responder a los intereses de los ciudadanos. 

Nada más habría que recordarles que ya transcurrió la mitad de su periodo y más allá de ser una ventanilla de trámites y de uno que otro escándalo que han protagonizado, todavía no hay nada importante para decir de esta Legislatura. 

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