‘Refundación’ fallida 

El proyecto de refundación para Jalisco que enarboló Enrique Alfaro durante su campaña a la gubernatura parece encontrarse en franca decadencia. No es solamente porque el mismo concepto se mantuvo siempre en el ámbito impreciso y nebuloso en torno a su definición, sino principalmente porque las acciones desarrolladas en su ejercicio de gobierno han terminado por generar mayores dudas con respecto al futuro de su proyecto. 

De entrada, es incuestionable que, en las elecciones de 2018, los jaliscienses que acudieron a las urnas otorgaron sus votos a los proyectos que a su parecer representaban un cambio. Sin embargo, al haber obtenido 39 por ciento de los votos, un poco más de la tercera parte, dejó en evidencia que su proyecto no contaba con el apoyo mayoritario, habida cuenta, además, de que no todos sus votantes eran fervientes seguidores de sus afanes refundacionales. 

Luego, cuando aún no tomaba posesión ya se encontraba enfrentado por cuestiones presupuestales con el presidente electo. En un evento realizado en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, acompañado por algunos representantes del sector académico y de las cúpulas empresariales del estado, formuló una declaración en la que hizo un llamado a respetar el federalismo. El acto fue interpretado como un desafío al gobierno federal. La confrontación escaló cuando Carlos Lomelí, con quien había sostenido una ríspida disputa en la contienda gubernamental, fue designado como súper delegado. El combate al huachicol y el consecuente desabasto de gasolina contribuyeron a que las tensiones se incrementaran. En síntesis, salvo breves lapsos de distensión, la confrontación Alfaro-AMLO ha sido la norma del sexenio. 

Luego vino la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que provocó una reacción airada de diversas agrupaciones de la sociedad civil. Aunque al final el gobernador se vio obligado a rectificar, sus nexos con la sociedad civil, que ya venían deteriorándose desde su paso por la alcaldía de Guadalajara, evidenciaron su fractura.  

Le siguió el programa A Toda Máquina, envuelto en una atmósfera de opacidad de los mecanismos de adjudicación del presupuesto para programas gubernamentales. Este tema se ha convertido en una piedra en el zapato de su administración. Ahí se inscriben los cuestionamientos relacionados con el endeudamiento del estado. Si bien el primer empréstito fue visto como una respuesta ante los efectos negativos de la pandemia en el ingreso familiar, el endeudamiento por más de 6 mil millones pesos que le autorizó el Congreso ha incrementado las dudas sobre el manejo discrecional de los recursos de los jaliscienses. El pago de más de 300 millones de pesos a las empresas que le llevan la comunicación abona a esa presunción. 

Sin embargo, lo que ha puesto en predicamento la viabilidad del proyecto refundador fueron los hechos ocurridos en los primeros días de junio, a raíz de las manifestaciones en protesta por la muerte de Giovanni a manos de los policías que lo capturaron. Los sucesos del 4 de junio evidenciaron la incapacidad gubernamental en dos cosas, particularmente: 1. Brindar seguridad al contingente para el desarrollo de su manifestación, 2. Dar una respuesta expedita, efectiva y profesional para contener los disturbios que se presentaron. La ausencia de protocolos se hizo evidente. Pero lo que exhibió la fragilidad del aparato judicial del estado fue lo sucedido al día siguiente, 5 de junio, cuando decenas de jóvenes fueron sometidos a una desaparición forzada por elementos de la Fiscalía Estatal. 

Finalmente, el evidente desaseo en el proceso de selección de los nuevos miembros de la judicatura y la designación con base al reparto de cuotas entre los partidos, reprodujeron los vicios y debilidades que ha manifestado el Poder Legislativo. Una subordinación servil a las disposiciones del gobernante en turno. Resultaría suicida para el estado dejar en manos de este cuerpo legislativo la elaboración de una nueva constitución, la cereza del pastel de la supuesta refundación. 

La extrema fragilidad exhibida por los poderes estatales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial lo asemejan más con un estado fallido, que con uno en proceso de refundación. 

Twitter: @fracegon

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