Disfrazan lucha por el poder como contra la corrupción

El caso contra Emilio Lozoya evidencia que en México la lucha por el poder se está disfrazando con el combate a la corrupción, indicó Fernando Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal.

“Cada quince días, cada mes le van a ir poniendo ingredientes, ingredientes, ingredientes, con un objetivo no legal, no de luchar en contra de la corrupción si no fundamentalmente político con el objetivo fundamental de ganar las elecciones del próximo julio del año 21, este es el problema no hay tal lucha contra la corrupción, simplemente es una lucha por el poder la que se está dando en nuestro país desgraciadamente enmascarada como lucha contra la corrupción”.

Reiteró que en el caso de Odebrecht, los delitos contra Emilio Lozoya ya prescribieron y el tema únicamente será utilizado por el gobierno federal para mantener el control del Congreso de la Unión.

“Es un tema que se va aprovechar electoralmente por el actual gobierno federal para tratar de ganar las elecciones del próximo año como todo mundo sabemos es la elección más grande que se haya hecho en México, se juegan 15 gubernaturas, la Cámara Federal de Diputados y 15 congresos locales, lo que desde luego es sumamente importante para cualquier acción que el gobierno federal pretenda realizar en el último trienio, reformas sobre todo de carácter constitucional”.

Después de que Emilio Lozoya presentara una denuncia de hechos contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, éste advirtió que sí se presentaría a declarar, sin embargo, Fernando Espinosa de los Monteros indicó que todas las pruebas que está presentado el ex director de Petróleos Mexicanos se obtienen de manera ilícita.

“Legalmente todas las pruebas que aporte Lozoya son pruebas ilícitas porque él las está entregando bajo un cohecho que le está haciendo la Fiscalía General de la República, que es el amague o las ordenes de aprehensión que tiene en contra de su mamá y de su esposa, entonces él esta entregando pruebas que en ultima instancia pueden ser rebatidas como pruebas ilícitas por la forma como se han obtenido, contrario a derechos humanos”.  

EH