Entre cuestionamientos directos, reproches por la falta de mejoras en el servicio y respuestas consideradas insuficientes, los secretarios de Transporte y de Hacienda del Gobierno de Jalisco, Diego Monraz y Luis García Sotelo, respectivamente, comparecieron ante el Pleno del Congreso del Estado para defender el incremento a la tarifa del transporte público, en dos jornadas marcadas por la polémica.

La comparecencia inició con cerca de una hora de retraso y, desde el arranque, el titular de Transporte centró su defensa del tarifazo en el aumento de hasta 84 por ciento en el precio del diésel. No obstante, Monraz destacó los acuerdos alcanzados con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), que permiten mantener una tarifa congelada de cinco pesos para estudiantes y de 11 pesos para usuarios en general mediante el uso de la tarjeta única, esquema que, aseguró, se mantendrá sin incrementos hasta el año 2030.

Por su parte, el secretario de Hacienda enfocó su intervención en la operación de la tarjeta única y la empresa encargada del sistema financiero. García Sotelo afirmó que Broxel no es un banco, sino una plataforma financiera, y que fue la única empresa que se registró en la licitación correspondiente. Negó además que existan sanciones vigentes derivadas de denuncias federales en su contra desde 2020 y, de manera reiterada, subrayó los beneficios del modelo implementado por el gobierno estatal.

El diputado independiente Alejandro Puerto fue uno de los más críticos al señalar que el aumento a la tarifa representa en los hechos un incremento cercano al 47 por ciento, sin que exista una mejora tangible en la calidad del servicio.

Cuestionó además la participación de una empresa financiera en la operación del sistema de pago y planteó qué respuesta se dará a las miles de personas que rechazan el tarifazo. También preguntó si las autoridades conocían con anticipación el proyecto de la tarjeta única y si existió algún contacto previo con la empresa antes del proceso de licitación.

En respuesta, García Sotelo aseguró que la empresa ganó mediante una licitación pública y que opera dentro del marco legal vigente. Añadió que el proyecto de la tarjeta única era conocido desde hace más de seis meses. Monraz, en tanto, insistió en que el ajuste tarifario se justifica por el encarecimiento del diésel y sostuvo que el impacto económico se atenúa gracias al subsidio estatal, que permite mantener tarifas de 11 pesos para el público en general y de cinco pesos para estudiantes.

Desde la bancada de Hagamos, la diputada Valeria Ávila cuestionó que la tarifa real del transporte público sea de 14 pesos y no de 11, como se ha manejado oficialmente. Exigió claridad sobre el destino del subsidio, la inversión que deberán realizar los concesionarios, las proyecciones de crecimiento en el número de viajes, la renovación del parque vehicular y las sanciones que se aplicarán a rutas con irregularidades.

García Sotelo defendió nuevamente el subsidio al señalar que su objetivo es reducir el costo del pasaje para los usuarios y ampliar los apoyos sociales, además de destacar la inversión estatal en nuevas unidades de transporte. Monraz afirmó que el modelo tarifario brinda certeza tanto a usuarios como a concesionarios y se comprometió a entregar un informe detallado sobre sanciones y procesos de renovación de rutas.

El diputado Leonardo Almaguer centró sus cuestionamientos en el costo operativo promedio por viaje en el transporte concesionado, el margen de utilidad de los concesionarios y la existencia, o no, de un tope máximo de rentabilidad, al tratarse de un servicio público esencial.

En su respuesta, Monraz señaló que el costo de trasladar a una persona es de 14 pesos, aunque aclaró que ese no es el monto que paga el usuario final, y estimó que la utilidad promedio de los concesionarios ronda el 12 por ciento, dependiendo de la eficiencia de cada ruta.

Ante la defensa reiterada del aumento a la tarifa, el secretario de Transporte se comprometió a dar seguimiento a temas pendientes, como los acuerdos con transportistas, el incremento salarial de los conductores, el monitoreo en tiempo real del 100 por ciento de las unidades, con la meta de que Jalisco sea el primer estado del país en lograrlo,  y el regreso a la operación total de todas las unidades de transporte público en el estado.

García Sotelo estima hasta 1,600 mdp para subsidio

Previo a comparecer ante el pleno legislativo, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, informó que el subsidio al transporte público en 2026 podría alcanzar hasta mil 600 millones de pesos (mdp) en función del número de usuarios que utilicen el sistema y de la demanda real del programa.

Explicó que actualmente el fondo cuenta con mil 200 mdp, pero se trata de un programa abierto cuya previsión presupuestal puede ser rebasada, por lo que el Estado está en condiciones de realizar una ampliación o reconducción presupuestal si el uso del beneficio lo requiere.

El funcionario señaló que el sistema de transporte público es utilizado en promedio por alrededor de 1.4 millones de personas, por lo que garantizar su accesibilidad es una prioridad para el gobierno estatal.

Añadió que una bolsa de hasta 1,600 mdp es financieramente soportable para Jalisco al tratarse de un programa de apoyo a millones de usuarios.

El secretario detalló que, en caso necesario, el ajuste presupuestal podría oscilar entre 40 y 60 mdp adicionales, sin afectar la estabilidad de las finanzas públicas, dado que el presupuesto total del Estado asciende a 185 mil millones de pesos.

CE