Participación para elecciones

Pareciera que el gobierno del estado quiere que la participación ciudadana se ejerza después de las elecciones de 2021. 

Los tiempos los están alcanzando para poder poner en marcha la nueva Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que sustituyó a la Ley de Participación Ciudadana y supuestamente la fortaleció. 

Uso la palabra supuestamente porque parece que esas mejoras no se quieren ejercer. Se incrementaron los mecanismos de participación ciudadana a 16, y desde hace dos años no se ha ejercido ninguno. 

Aún no queda claro el porqué de estas demoras para que entre en vigor lo más pronto posible. 

Esta ley se aprobó el 5 de abril de 2019, hace un año y cinco meses, y aunque a los cuatro días se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco nunca se pudo aplicar porque intencionalmente se saboteó por parte de los diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN sobre la posibilidad de instalar el Consejo de Participación Ciudadana. 

El primer atorón fue porque desde el Ejecutivo no se quiso que este consejo estuviera integrado por ciertas personas y lo que hicieron fue evitar el quórum para que no se aprobara el acuerdo. 

Después vino la propuesta de modificación a esta ley cuando no tenía ni el año de aprobada, para dejar en manos de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana la instalación de este consejo ciudadano; incluso incorporaron un comité técnico. 

El segundo atorón fue la tardanza en publicar esta reforma a la nueva ley, pues se llevaron ocho meses en hacerlo cuando hubo otras reformas posteriores que se aprobaron antes que ésta. 

Apenas se publicó el 27 de agosto de este año, después de críticas de diputados por la tardanza en publicar leyes ya aprobadas y tener criterios de selección. 

Ahora el riesgo es que, si no se integra en este mes o el próximo, tanto el comité técnico como el consejo ciudadano ya no podrán analizarse las peticiones de mecanismos ciudadanos porque la ley impide ponerlos en marcha cuando arranca el proceso electoral, lo cual ocurrirá en enero. 

En estos momentos solamente hay un recurso promovido por ciudadanos y se trata de una iniciativa popular que impulsa el recién integrado partido político local Hagamos, en cuanto a crear una ley de designaciones públicas para poner reglas claras en todos los nombramientos que hagan desde el Congreso local. 

Desde hace meses está entregado el documento con todas las firmas que se requieren, cuando menos 10 mil, aunque tenían 30 mil buscando que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana lo analice y decida si cubre o no los requisitos; sin embargo, no ha podido avanzar porque le toca al consejo ciudadano decidirlo en vez del órgano electoral para analizar si proceden o no proceden esas solicitudes. 

Los tiempos de las peticiones ciudadanas están desfasados de los tiempos políticos, porque hasta el momento no se ve claro que puedan empatar, y si quieren poner algún mecanismo ciudadano tardarán en concretarse. Así que la recomendación es que si alguien quiere intentarlo que tome su tiempo. 

Lo que parece que será un hecho es que el primer trienio del gobernador Enrique Alfaro pasará a la historia como quien no permitió que los ciudadanos ejercieran esta herramienta. 

Y una muestra es que tampoco publicitó que hay más mecanismos de participación ciudadana para ejercer. Todo se quedó en el papel archivado y congelado. 

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