La seguridad es un derecho, no un servicio del municipio

Todo Estado, para gobernar, tiene una política anticrimen, y los componentes estratégicos son una política de prevención, una política de persecución penal y una política de sanción e inserción. Pero esta política anticrimen no funciona si los tres componentes no están concatenados. 

Según el Observatorio Jalisco Cómo Vamos, en 2020 tuvimos mil 743 homicidios, el robo de vehículos ascendió a 9 mil 883 unidades; y un total de mil 624 personas desaparecidas. 

Tenemos un Instituto de Ciencias Forenses en crisis desde hace cuatro años, y un sistema penitenciario manejado por las mafias internas. Lo que se percibe al analizar los números es que la estrategia actual de la persecución penal de los delitos genera 95 por ciento de impunidad. 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) publicada en diciembre de 2020 indica que 83.1 por ciento de los encuestados se sienten inseguros; en comparación con 2012, que es el año con menor percepción de la última década, con 61.5. 

El estudio también expresa que las policías municipales son las autoridades de seguridad que menos confianza dan a la sociedad, con 52.6 por ciento; en contraste con la Marina o el Ejército, que tienen un nivel de confianza de 92.8 y de 88.9, respectivamente. 

Sobre la percepción que tienen los jóvenes, el estudio señala que 73.3 por ciento de la población de 18 años en Jalisco considera que la inseguridad es el problema más importante en nuestro estado. 

El convenio de creación de Policía Metropolitana firmado en julio de 2019 establece que entre los objetivos de la corporación están prevenir la comisión de delitos, auxiliar al Ministerio Público en la investigación de los delitos, sin embargo, el nivel de inseguridad que se tiene en el Área Metropolitana de Guadalajara indica que algo no se está haciendo intermunicipalmente, que no hay estrategia. 

Ante esta situación, la experiencia ciudadana de organizarse para combatir la inseguridad en las colonias es aún inicial en algunas colonias del área metropolitana, pero está en marcha, con la concepción de que la seguridad es un derecho, no un servicio más del municipio. 

El esfuerzo que hacen los vecinos para defenderse de los asaltos y robos, en una de las colonias emblemáticas de la ciudad, llama la atención como una estrategia creada por los mismos vecinos. 

El organizarse nació de la idea de que la seguridad es un derecho y no un servicio municipal caro y malo. Ante el aumento de los robos y la inseguridad, más de una veintena de vecinos se reunieron con el fin de hacer algo ante la inseguridad, de organizarse sin fines económicos ni políticos y apoyarse. 

Crearon un documento donde expusieron sus intenciones y trabajaron en un mapeo de incidencia delictiva de la colonia, con la intención de unirse y cuidarse. Del desahogo y narración de las muchas malas experiencias pasaron a crear comisiones, entendiendo que es imposible acabar con la delincuencia pero que se puede trabajar para prevenirla. 

Para los especialistas en temas de seguridad y justicia, sin duda que para atender el problema se tienen que cambiar los paradigmas de la persecución de los delitos y de la concepción de la seguridad. 

Se necesita cambiar el chip, hay que investigar para capturar, no al revés. Una estrategia que combata los fenómenos, estructuras y mercados criminales, que realmente disminuya la impunidad, de tal manera que los ciudadanos percibamos que hay efectividad al desarticular las formas de criminalidad, desmontando los mercados criminales de robo de autos, de desaparecidos, de trata, de distribución de droga, etc. 

La persecución penal no debe ser parte de una política de seguridad, sino de justicia, y es muy necesario cambiar la visión estatocéntrica de la seguridad hacia una visión antropocéntrica, cuyo eje sea la víctima. 

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JB