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Rompiendo
Ley Telecom
Las fotografías, videos y crónicas que han circulado en las últimas semanas sobre la detención de migrantes en la frontera sur me evocan los relatos sobre las cacerías de esclavos. Los guardias corren tras las personas para capturarlas. Sometidas en el suelo, familias completas lloran y suplican frente a la mirada aterrada de los niños. Como en la época virreinal, algunos logran escapar, dispersos, por el monte.
“¡Ya valieron verga!”, grita un envalentonado agente del Instituto Nacional de Migración (INM) mientras comienza la cargada, en la que participan elementos de la Guardia Nacional, contra hombres, mujeres, niños y bebés. Una mujer, del mismo instituto, dice a los migrantes: “Están invadiendo mi país”. El mismo término que utilizaba el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump para referirse a los migrantes mexicanos. En otro video, agentes de Estado patean a un extranjero, uno de ellos intenta pisarle la cara.
Los hechos ocurrieron luego de que el martes pasado personas de diversos países que se encontraban varadas durante meses en Tuxtla Gutiérrez, en espera de que se resolviera su situación migratoria, decidieron emprender el viaje en caravana. Desde entonces han hecho al menos cuatro intentos de avanzar a pie.
Desesperados, sin dinero, hambrientos y algunos de ellos enfermos, consideraron que la mejor alternativa sería proseguir el viaje, pues la dilación en la resolución de sus casos no les permite ni salir de la zona ni trabajar y la ayuda que se les brinda es insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
El 31 de agosto tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un llamado al gobierno mexicano para que respete los derechos humanos de las personas migrantes.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaron que son “profundamente preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios de comunicación el pasado 28 de agosto que muestran a elementos del INM haciendo un uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo –incluyendo niñas y niños–, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional”.
Añaden que “preocupa la información recibida por las agencias sobre amenazas que habrían recibido defensores y defensoras de derechos humanos que están documentando la situación humanitaria y de derechos humanos de las personas migrantes”.
La ONU recuerda a las autoridades mexicanas que las políticas de control migratorio deben aplicarse a la luz de estándares internacionales de derechos humanos.
Luego de que en 2019 Donal Trump amenazara a México con imponerle sanciones económicas si no detenía el flujo migratorio, el gobierno federal envió a la Guardia Nacional a la frontera sur y canceló los salvoconductos que entregaba a los migrantes para que pudieran moverse en el territorio nacional.
En abril de 2019 el titular del INM, Francisco Garduño, había dejado claro que no permitirían el tránsito de los migrantes, “así sean de Marte, los vamos a mandar hasta la India, hasta Camerún, hasta el África”.
Al referirse a las recientes acciones contra los migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trata de una política de “contención” porque permitirles el paso implicaría “riesgos de violación de derechos humanos”. Eso ya ocurre y sellar la frontera, como hizo Trump en el norte, obliga a los migrantes a buscar caminos mucho más riesgosos.
El tema migratorio es difícil de resolver, el presidente tiene razón cuando señala que hay que atender las causas, pero mientras eso sucede se requiere garantizar los derechos básicos de los migrantes, agilizar la resolución de su situación migratoria y otorgarles ayuda humanitaria, en lugar de insultos y golpes.
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