En el Congreso de Jalisco se hizo un exhorto a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que intervenga ante autoridades estatales con el fin de destrabar la publicación de la minuta de la reforma constitucional relacionada con la creación de la fiscalía especializada en antitortura, la cual permanece detenida desde agosto y tiene en el limbo a dicha dependencia.
El 15 de diciembre, durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, tres coordinadores de bancada impulsaron el exhorto: María del Refugio Camarena Jáuregui, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); José Luis Tostado Bastida, de Movimiento Ciudadano (MC), y Miguel de la Rosa Figueroa, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). A través de ellos se solicitó establecer un vínculo con la Secretaría General de Gobierno (SGG) y su titular, Salvador Zamora Zamora, y la Secretaría de Gobernación ante la falta de avances en la publicación de la reforma, originalmente avalada a fines de mayo tras una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El exhorto de los coordinadores se realizó de viva voz y quedó asentado en actas, sin que se emitiera un documento formal. Así, no hay certeza de que haya sido atendido por la Jucopo, ya que posteriormente se priorizaron otros temas legislativos, como la discusión del presupuesto, lo que habría dejado el asunto sin seguimiento.
Previamente, la diputada morenista y titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López Ramírez, explicó que la no publicación de la reforma constitucional de la fiscalía antitortura tiene efectos directos en otros pendientes legislativos, entre ellos la imposibilidad de avanzar en la creación de una fiscalía especializada en personas desaparecidas pese a que Jalisco registra alrededor de 16 mil casos y existe una obligación legal de contar con este tipo de instancias.
Como contexto, el 18 de noviembre el titular de la SGG informó que el dictamen de la fiscalía antitortura fue devuelto al Congreso por presuntos puntos de inconstitucionalidad, mismos que, aseguró, ya fueron corregidos, y anticipó que su publicación ocurriría en los próximos días. De acuerdo con esa versión, los señalamientos de inconstitucionalidad derivaron de errores en la redacción de la reforma constitucional cometidos por diputadas y diputados.
No obstante, desde el Poder Legislativo se atribuye el retraso al gobierno del estado, ya que la reforma no ha sido publicada en el periódico oficial, lo que impide su entrada en vigor.
Finalmente, advirtió que la falta de definición en este tema refleja una omisión institucional que impacta directamente en el acceso a la justicia y en un contexto en el que continúan las violaciones graves a derechos humanos en el estado.
PRESUPUESTO,
TAMBIÉN EN LIMBO
En el Presupuesto 2026 no se incluyó una partida presupuestal destinada a la creación de la fiscalía especializada en la materia de tortura; sin embargo, Norma López refirió que sostuvo diálogos con la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Gabriela Cárdenas Rodríguez, quien le señaló que “en cuanto salga la minuta, hacemos una modificación al presupuesto”.
De acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), la operación de una fiscalía especializada en tortura requiere al menos 47.9 millones de pesos.
La organización reprochó recientemente que, pese a la obligación establecida en la legislación federal y a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jalisco aún no cuenta con una fiscalía especializada en tortura que funcione de manera efectiva, lo que mantiene pendiente el cumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos.
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