Despojos, el pan amargo del pueblo

La lucha por evitar las invasiones, las construcciones ilegales y despojos en bosques, lagos y cañadas en Jalisco es historia cotidiana. Súmele usted y haga el recuento de las luchas de los ciudadanos contra autoridades y empresarios coludidos y empeñados en hacer negocios al margen de la legalidad. 

Huentitán, Mezcala y el lago de Chapala sufren la presión de los gigantes inmobiliarios y la colusión de las autoridades. 

En pueblos de la ribera, tras varios meses de estar llevando quejas y denuncias sin recibir respuesta, los pobladores decidieron juntarse para remover alambrados y mallas que particulares habían colocado sobre zonas de la playa, y que obstruyen el libre tránsito de las personas. El ayuntamiento argumenta que no tienen injerencia sobre zonas federales, ciertamente, pero sí tienen responsabilidad, porque ellos pueden impedir las obras en su momento revisando si tienen los permisos de construcción. 

Pueblos Unidos de la Ribera es un colectivo formado por personas que habitan los alrededores del lago de Chapala y se dedican a defender la zona de cualquier abuso. 

Muchos de los propietarios de las casas y residencias de descanso han hecho mal uso de las concesiones agrícolas que Conagua les ha otorgado, pues en lugar de utilizar el espacio para sembrar o cultivar, han optado por poner rejas, levantar muros o terraplenar con escombro para convertir el espacio público en una extensión de sus residencias. 

Una de las peticiones es que la Conagua revise las concesiones de los particulares, ya que la mayoría tiene una para uso agrícola, pero no la utilizan para ese fin. El reglamento estipula que, si no hacen uso de ella con la finalidad señalada en un periodo de tres años, puede ser retirada. 

Conscientes de lo que vendrá, los habitantes seguirán defendiendo su patrimonio ambiental, ya que están en su derecho de hacerlo. 

Otro caso de despojo es Mezcala. Hace 20 años un empresario invadió 10 hectáreas a la comunidad indígena coca. El juicio agrario concluye este mes de octubre, y la comunidad pide que la resolución considere todos los antecedentes y documentos históricos que confirman el derecho que tienen a preservar sus tierras. 

El Tribunal Colegiado deberá dar la última sentencia y la definitiva, donde ni la comunidad ni el invasor Guillermo Moreno Ibarra tendrán posibilidad de interponer algún recurso, explican los comuneros y habitantes de Mezcala. 

El pueblo coca se ha enfrentado a intimidaciones, falsas acusaciones de delitos, privaciones injustas de la libertad e intentos de burlar la ley por parte de los invasores de su territorio. 

En Huentitán, el despojo a los habitantes de Guadalajara lo narra el periodista Sergio René de Dios, dando cuenta del acta de la sesión del 19 de junio de 2008 del ayuntamiento. De parque municipal, de propiedad pública, pasó a ser negocio privado. El dictamen que avaló el decreto-despojo obtuvo 19 votos a favor, uno en contra y una abstención, que se sumó a la mayoría. Sólo la regidora Celia Fausto Lizaola emitió voto en contra. 

El decreto favorecía generosamente a la empresa que construiría como sus negocios un centro comercial, torres de departamentos y oficinas y un hotel. La generación de empleos y la inversión que vendría de 700 millones de dólares quedaron en promesas. 

La anterior administración municipal rebautizó el despojo como Iconia, y permanece la lógica que despoja, desmantela, concesiona, oferta lo público para negocios de particulares, y donde los partidos mayoritarios menosprecian a las minorías. La lucha de los vecinos sigue, se oponen a la pérdida del espacio como Colectivo Parque Resistencia Huentitán. 

Tanto en el lago de Chapala, como en Mezcala y Huentitán, quienes están evitando las invasiones y despojos son los mismos vecinos que, cansados de ser ignorados por las autoridades, han decidido recuperar el espacio público que por derecho les pertenece. 

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