Cada Legislatura, peor

A los diputados locales siempre les ha molestado que se les diga que estamos en la peor Legislatura o que están a punto de serlo, y aunque parece un lugar común y hasta una frase trillada, este año nos demostraron que se pueden superar con creces. 

Siendo sinceros, al inicio de la actual Legislatura, la Sexagésima Segunda, no pintaba con que fuera a terminar con tantos agravios legales y disputas políticas debido a que al inicio sí se preocuparon por hacer grandes reformas y propiciar cambios, pero cuando empezó el período electoral todo cambió. 

Los intereses políticos pesaron más que el bien general, y no sólo hablamos de si se privilegiaron los intereses políticos o de partido sobre los sociales o del bienestar general, hacemos hincapié en que tampoco se privilegió cumplir con la ley, para hacer todo apegado a derecho. 

Se supone que la casa de las leyes, el Poder Legislativo, debe de ser hipercuidadosa en materia legal, casi casi debe ser perfecta porque tiene a los especialistas en derecho para dirigir las acciones y aprobar los documentos que se someten a votación; lamentablemente no es así. 

El prestigio que ostentaba el Poder Legislativo de tener la última palabra legal ha quedado en el pasado. Es sorprendente darnos cuenta que este poder ha sido acotado por los otros poderes, principalmente por el Ejecutivo, porque ha estado tratando de imponer todo y provocado la sumisión de algunos diputados de su bancada parlamentaria, siendo la mayoría que dirige el Congreso local y que comete los errores. 

Para muestra de los graves errores legales, aquí unos ejemplos recientes. 

Aunque las personas que saben de leyes y los expertos en la materia siguen trabajando en esta casa de leyes ya no influyen, cada vez son más rezagados, menos escuchados y tomados en cuenta, lo cual se nota porque los errores son evidentes. 

Hay tres áreas con errores visibles: hacer reformas legales que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación califica de anticonstitucionales, aprobar convocatorias a prisas que tienen errores o hacer nombramientos violando sus propias normas. 

La más reciente fue haber nombrado a las consejeras ciudadanas suplentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) fuera del plazo establecido en la convocatoria, y no hablamos de un día o dos de diferencia, sino de casi una semana y a nadie le importó. Ningún diputado local sin importar el color partidista dijo algo o se quejó de esta ilegalidad, la dejaron pasar, así como diciendo “nadie se va a dar cuenta” o “nadie va a impugnar porque son cargos sin importancia”. 

Y en efecto, eso ocurrió, porque ningún legislador se ha pronunciado y tampoco ha llegado alguna impugnación. Todo quedó entre amigos. 

La otra hazaña ilegal fue haber sacado una convocatoria para titulares de órganos internos de control del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) y de la CEDHJ forzando a que el mismo día que sean electos, tomen protesta y entren en funciones al cargo, olvidándose que los vigentes concluyen sus cargos hasta diciembre. 

Los legisladores en ambos casos sólo vieron por los intereses partidistas de sacar el trabajo sin ser meticulosos en vigilar los plazos o los términos legales, y no es la primera vez que les ocurre en esta legislatura; si revisamos el periódico oficial El Estado de Jalisco también encontraríamos cientos de fe de erratas. 

La cuenta es larga si la enumeramos, pero la despreocupación y la indiferencia antes estos hechos lo es más. 

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