Endeble, el juicio vs. García Estrada

Aunque a lo largo de su trayectoria como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ha sido cuestionado por varias de sus resoluciones, Armando García Estrada fue llevado a juicio político por el Congreso del Estado por un caso que no se ventiló en su sala y que corresponde a un juicio de lesividad promovido de manera extemporánea por el Ayuntamiento de Guadalajara, autoridad que otorgó los permisos y licencias que permitieron la construcción de un edificio sobre la calle Alberta, asunto por el que se le juzgará.  

García Estrada envió a los diputados sus argumentos sobre este caso, así como una copia completa del expediente, documentos de los que El Diario NTR Guadalajara tiene una copia. 

Ante la relatoría de hechos y pruebas que aportó para defenderse, Armando García Estrada aseguró que “lo que prevalece es una fobia política en contra del denunciado por no pertenecer y nunca haber pertenecido a ningún instituto político, porque me debo sólo a mi trabajo como profesional”. 

El magistrado de la Cuarta Sala del TJA tiene un historial de desencuentros con actores políticos de Movimiento Ciudadano (MC) y con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En mayo de 2019, el mandatario se reunió con el entonces consejero jurídico de la Presidencia del país, Julio Scherer Ibarra, y con el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a fin de erradicar la corrupción en el Poder Judicial local. 

Meses después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Federación congeló las cuentas bancarias de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA): Alberto Barba Gómez y el propio Armando García, así como de Celso Rodríguez González, magistrado y ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), pero los funcionarios judiciales emprendieron acciones legales para echar abajo las medidas cautelares. 

Más allá de la “fobia política” en su contra, García Estrada señaló también a quien lo demandó por declarar que “este juicio político habrá de concluir con mi destitución como magistrado constitucional y con la reparación de los daños y perjuicios que exigen varios millones de pesos”. También dijo que ha habido “extorsión mediante el envío de mensajes”.

EL CASO Y LA DEFENSA

El 9 de septiembre, el pleno del Congreso local aprobó iniciar el procedimiento de juicio político en contra de García Estrada. La solicitud fue promovida por el ciudadano Salvador Martín Alba Suárez, quien denunció afectaciones en su hogar debido a las obras de una torre de departamentos en Otranto y Alberta, en la colonia Providencia, en Guadalajara. Según la parte acusadora, el magistrado emitió sentencias para continuar la construcción. 

El 10 de octubre de 2018, en la legislatura pasada, la Comisión de Responsabilidades le dio entrada al caso para estudiarlo, pero fue hasta el 9 de setiembre cuando los legisladores decidieron iniciarlo. 

Según los documentos entregados por García Estrada, los permisos que permitieron la construcción del edificio en el número 1142 de la calle Alberta fueron entregados por el Ayuntamiento de Guadalajara: el 7 de octubre de 2013 se entregó el dictamen de trazo, usos y destinos; el 1 de noviembre de 2013, la licencia de alineamiento y el número oficial de control, y el 13 de agosto de 2015, la licencia de construcción. Todo esto sucedió durante el gobierno municipal del priista Ramiro Hernández García. 

El magistrado también presentó como prueba el juicio de lesividad 1316/2016, promovido por el Ayuntamiento de Guadalajara en 2016, cuando el presidente municipal era el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez. El recurso se interpuso en contra de las licencias otorgadas y fue turnado a la Quinta Sala, en ese entonces presidida por Aarón Joaquín Miranda Camarena, quien emitió una sentencia definitiva el 15 de marzo de 2017 en la que determinó que el juicio era extemporáneo. 

Sin embargo, en julio de 2017 la resolución de la Quinta Sala fue revocada por el pleno del TJA, antes llamado Tribunal de lo Administrativo en el Estado. En el expediente de segunda instancia 579/2017 se determinó el sobreseimiento del juicio de lesividad que interpuso el gobierno de Guadalajara y reconoció la validez de las licencias.  En respuesta, Martín Alba presentó una queja tras la que se ratificó el sobreseimiento y luego un amparo en el que le fue negada la suspensión. Después presentó otro en el Primer Tribunal Colegiado. 

El caso llegó después hasta la SCJN a través de un recurso de revisión, pero el 29 de enero de 2020 la Segunda Sala del máximo tribunal declaró infundado el recurso. 

Al regresar el caso al TJA, el magistrado Adrián Miranda se excusó, por lo que el expediente fue enviado a la Sexta Sala, que preside Alberto Barba Gómez, con el número de expediente 1100/2020, donde simplemente se ordenó que fuera archivado. 

Aunque los juicios y recursos posteriores descritos no involucraron a García Estrada, se le incluyó en el caso porque en su sala, la Cuarta, se ventiló el juicio de nulidad 1383/2016 sobre el mismo edificio, “el cual concluyó por desistimiento de la acción”.

Plantean separar a servidores mientras sean enjuiciados

A pocos días de dejar el cargo, la diputada local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Responsabilidades, María Esther López Chávez, planteó que se separe del cargo a los servidores públicos que les sea iniciado un juicio político.  

Si esto sucediera, los procesos se podrían desahogar con más equilibrio, según la morenista. 

La propuesta forma parte de la nueva ley de juicio político que se pretende crear junto con la ley de responsabilidades administrativas; sin embargo, también incluye cambios a la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

La iniciativa se reveló durante su informe final de labores en la Comisión de Responsabilidades. Jessica Pilar Pérez

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