Faltan políticas públicas en Jalisco para prevenir violencias de género

Tras aceptar el gobernador Enrique Alfaro Ramírez un incremento en feminicidios en Jalisco, se deben impulsar políticas públicas entorno a las violencias de género, para que haya prevención del delito y revertir la tendencia, consideró Guadalupe Ramos Ponce, vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) capítulo Jalisco.

En entrevista para InformativoNTR con Sergio René de Dios, aseguró que en los dos últimos años prácticamente se duplicó el número de crímenes contra mujeres en la entidad.

“Del año 2010 en adelante, en esta última década comenzó a crecer de tal manera los asesinatos que rebasaba el centenar de mujeres asesinadas cada año. Pero en estos dos últimos años, que son los años de gestión de este gobierno, es que han rebasado los dos centenares, es decir, son más de 200 mujeres asesinadas cada año en Jalisco. Este año estamos por iniciar el mes de noviembre, a fines de octubre, ya están contabilizadas 195 mujeres asesinadas. Esto te da cuenta de cuál es la situación de violencia exponencial a la que nos vemos sometidas las mujeres en el estado ante este incremento de violencia.”

Como “palabrerías” calificó la activista el comunicado que emitió el Gobierno del Estado de Jalisco, ya que en ocasiones los gobernantes son mal informados por sus propios equipos e interpretan los datos a conveniencia.

Ramos Ponce dijo que las alertas de género son una herramienta importante que permanece “atorada” en la entidad por cuestiones políticas y falta de capacidades del Estado.

“Aquí hay un tema de que están engañando al propio gobernador, su propio personal no le da la información adecuada y eso hace que siga atorada la alerta. Yo una funcionario que identifico plenamente, con estos obstáculos y con esta parálisis es la subsecretaria.”

Destacó que el panorama al interior de Jalisco es desolador en esta materia, ya que no hay una vinculación entre los tres órdenes de gobierno, ni participación de la sociedad civil.

jl