¿Seguridad nacional?

La edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) de este lunes 22 de noviembre publicó un acuerdo del Ejecutivo Federal que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, y claro se encendieron las alarmas. 

Durante la noche del pasado lunes leí en redes sociales que varios periodistas se encontraban preocupados por las implicaciones del acuerdo del Ejecutivo federal en materia de acceso a la información y transparencia. 

Primero quiero citar textualmente el acuerdo: En el artículo 1 “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad, y magnitud se consideran prioritarios y/o estratégicos”. 

Y en el artículo 2 “se instruye a las dependencias federales a otorgar la autorización provisional, a la prestación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras”. 

En este caso quiero enfocarme en el artículo 1, ya que es el que generó la discusión y las preocupaciones. 

Las palabras claves de este artículo son “de interés público” y “seguridad nacional”, es decir que mientras el interés público nos abre la puerta para preguntar y para que la autoridad nos responda sobre las preguntas que tengamos de estos proyectos y transparente las acciones y ejercicios de la administración de los recursos destinados a estos proyectos, la palabra seguridad nacional nos cierra la puerta, es un candado enorme. 

Eduardo Guerrero Gutiérrez, en el cuadernillo Transparencia y seguridad nacional, expone que los gobiernos tienen el derecho para mantener en secreto cierta información por motivos de seguridad y este derecho es antiguo, incluso más que el derecho de acceso a la información. 

Bajo el argumento de seguridad nacional, dice Guerrero, “el gobierno retiene la información para el uso exclusivo de un reducido grupo de funcionarios al controlar a ciertas piezas de información el gobierno busca también que tal información sea utilizada únicamente para alcanzar ciertos fines”. 

Y en este caso están claros los fines: las obras que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera preponderantes para su gobierno. 

Interés público y seguridad nacional, estos dos conceptos entran en tensión y el derecho de acceso a la información queda en medio, sujeto a la interpretación de funcionarios que deciden qué información se mantiene pública y qué información se mantiene bajo reserva. 

Como periodistas y agentes de la sociedad civil es importante que ante esta tensión ejerzamos el derecho de acceso a la información solicitando los datos pertinentes para la realización de investigaciones y además contamos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que ya anunció este martes que analizará que el acuerdo no ponga en riesgo el derecho de acceso a la información. 

En lo personal, considero que no habrá afectaciones graves al derecho de acceso de información y que podremos acceder a datos sobre estos proyectos, ya que lo que busca el presidente de México es evitar que amparos detengan sus obras y que trámites no detengan sus prioridades. 

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