Activistas de Jalisco denuncian amenazas

El asesinato de la abogada y activista Verónica Guerrero, ocurrido el 3 de febrero en Tonalá, provocó temor entre miembros de la sociedad civil organizada, pues al igual que ella han recibido amenazas. Además, ven indolencia y complicidad del gobierno de Jalisco. 

En rueda de prensa, representantes de organizaciones civiles y activistas aseguraron que han sido amenazados y responsabilizaron al gobierno de Jalisco y a los gobiernos municipales de lo que les pueda pasar. A la par, pidieron protección de la Federación y que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de Verónica, quien antes de ser asesinada se oponía al uso del tiradero de Matatlán por parte de Caabsa, empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en diversos municipios metropolitanos.  

A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha emitido medidas cautelares para protegerlos, aseguraron que hay al menos 80 activistas y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. 

Pese a este panorama, dieron a conocer que conformarán un frente por la defensa de derechos humanos, el cual también se motiva en la colusión que perciben entre el gobierno de Jalisco y los del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con intereses inmobiliarios y grupos de poder. 

“Ya debe de haber una intervención directa del gobierno federal para poner un alto, porque este gobierno estatal no hace nada, no vemos ninguna preocupación por parar esta crisis humanitaria que vivimos aquí en el estado”, pidió Raúl Cuauhtémoc Argaez Olivera, representante de la Asamblea de la Defensa del Agua del AMG. 

Por su parte, Sergio Morales, del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, narró que a los miembros de esta agrupación los amenazaron con descuartizarlos junto con sus familias. A él lo estuvieron siguiendo durante un mes por sostener una lucha contra distintas urbanizaciones que atentan contra el medio ambiente del cerro. 

Arturo Mendoza, del colectivo Únete Huentitán, expuso que el gobierno de Jalisco apoyó a un grupo paramilitar para desalojar a personas que defendían el Parque Resistencia Huentitán en contra del proyecto inmobiliario Iconia, el cual perjudicaría el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

Finalmente, José de Jesús Carolo López, representante del Consejo Indígena Campesino de Occidente, recalcó que la familia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez tiene negocios inmobiliarios. A la vez, narró que hace tres semanas policías de Guadalajara violaron un amparo federal que protegía unos terrenos en Arboledas del Sur. 

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