No nos merecemos la injusticia

La semana pasada se actualizó la edición anual del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project y a Jalisco no le fue nada bien. 

En muchos aspectos, el estado quedó a mitad de la tabla, cuando dada su importancia económica y el tamaño de su población debería estar en los mejores lugares. Las bajas calificaciones hablan de una debilidad institucional muy fuerte, a pesar del discurso triunfalista que proclaman el gobernador, su séquito y las huestes cibernéticas de bots dedicadas a amplificar su mensaje. 

En particular, en materia de justicia penal hay muchos aspectos preocupantes que sirven para explicar por qué el estado de derecho es tan débil a nivel local. 

Uno de los resultados que llaman la atención son las preguntas relacionadas con el desempeño y la labor del ministerio público. Más allá de la escasa cantidad de funcionarios, que es algo reiteradamente abordado por otros estudios e indicadores estadísticos, pesa sobre la Fiscalía del Estado un espectro de falta de preparación de quienes están encargados de conocer y dar seguimiento a las denuncias de hechos ilícitos y los que se persiguen de manera oficiosa. En ello concuerdan especialistas en materia de derecho y personas comunes que pertenecen a la población general. 

Los colectivos de búsqueda de personas y otras organizaciones civiles no se cansan de acusar el exceso de carga laboral que tienen los ministerios públicos, con 600 a 900 carpetas de investigación pendientes de resolver por agencia y lo que se sigue acumulando todos los días y que abarca una cifra oficial de 15 mil personas desaparecidas y no localizadas. La cifra es mucho mayor, considerando que hay un subregistro de denuncias por el terror que tienen muchas de las familias de denunciar la ausencia de una persona, ya sea por amenazas o por sospecha de colusión de las autoridades con los delincuentes. Se habla de tres a cuatro veces más desaparecidos que los reportados en los documentos. Así que podemos pensar en unas 50 mil a 60 mil personas que no han sido localizadas luego de que se las llevaron a la fuerza. 

Y ese aspecto de corrupción es también otro que aborda el índice. Porque la gran mayoría de las personas tiene recelo de las autoridades ministeriales y judiciales. Persiste la idea de que están compradas, de que les paga ya sea el grupo de poder político y económico legítimo como el de la delincuencia organizada para comprar su complicidad mediante el silencio, la falta de acción e incluso la activa represión de las personas que buscan justicia. 

En un estado donde no se ha aclarado ni sancionado a quienes dieron las órdenes de levantar a decenas de personas en la manifestación del 5 de junio de 2020, pese a que hay señalamientos muy claros de que fueron indicaciones que vinieron desde lo más alto, no se puede confiar en las instituciones. En un estado donde el gobernador les dice a los fiscales qué deben decir y qué no pueden mencionar, no hay autonomía para investigar los delitos que se cometen en muchas ocasiones desde el propio gobierno. Si tuviéramos una fiscalía anticorrupción que de verdad trabajara para liquidar las prácticas corruptas, probablemente nos quedaríamos casi sin funcionarios de procuración de justicia. 

¿Tenemos que aguantarnos y soportar el cohecho como una práctica institucional implícita? ¿Tenemos que conformarnos con que haya solamente un puño de servidores públicos que de verdad sirvan para procurar justicia para las víctimas? No nos merecemos esto y por eso es tan importante la labor que realizan cotidianamente los colectivos de búsqueda, que buscan visibilizar y transformar lo podrido del sistema desde lo más emergente. 

Twitter: @levario_j

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