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El Congreso local tiene la facultad de citar a funcionarios para que rindan cuentas a la sociedad porque supuestamente son nuestros representantes, pero lo hacen mal.
No solamente suelen ser tibios en sus preguntas y posicionamientos, sino que son tardados en convocar, y lo hacen de manera intencional.
De nada sirve ponerse de acuerdo en las sesiones de pleno mostrando apertura para convocar a los funcionarios para que expliquen su actuar frente a temas polémicos si luego los coordinadores parlamentarios dan largas para ponerles fecha a las citas, y ya cuando lo hacen pasó la polémica que los motivó a citarlos.
Y hay casos peores como lo que ocurrió con el fiscal estatal, Joaquín Méndez, donde los diputados deciden hacer la comparecencia a puerta cerrada por el caso de la muerte de Luz Raquel Padilla argumentando sigilo y protección de la carpeta de investigación cuando esta decisión no se tomó en el pleno.
Así de fácil, la Junta de Coordinación Política decidió cambiar las reglas del juego argumentando que lo que no esté escrito en la ley pueden interpretarla, es decir, la Ley Orgánica sólo obliga a votar en el pleno sesiones reservadas, pero no comparecencias. Sin embargo, se olvidan de que los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que dice textualmente la ley, y aquí hicieron lo contrario con el argumento de que así lo decidió la mayoría.
Lo peor es que el propio fiscal estatal al salir de la comparecencia los balconeó, señalando que nunca pidió la reserva y que no pudo revelarles ningún dato de la carpeta de investigación, por lo que el sigilo que pretendían conseguir fue innecesario. Esto reflejó que sólo buscaban proteger la imagen del funcionario estatal para que los medios de comunicación y la sociedad que lo estuviera viendo en línea evitarán señalarlo usando sus propias actitudes y palabras.
El resultado de la comparecencia fue infructífero, ninguna duda se despejó, ninguna pista se otorgó y lo más lamentable es que el fiscal estatal nunca reconoció que revictimizó a Luz Raquel Padilla, pese a todas las explicaciones y justificaciones que les dieron los diputados.
Precisamente esta exhibición de su cerrazón fue lo que evitaron se difundiera, además de citarlo por la tarde para que la noticia ya no tuviera el mismo efecto debido a que se cruzaba el fin de semana.
Esta comparecencia estuvo planeada todo el tiempo para proteger a los funcionarios y no para conseguir información en nombre de sus representados; entonces ¿de qué sirven este tipo de ejercicios si sólo es simulación?
¿Qué se puede esperar de próximas comparecencias si siempre se busca proteger al invitado? O ¿se tendrá que reformar la ley para especificar los tiempos, los días y la forma en que deberán darse estos ejercicios? Todo con tal de garantizar y obligar a la transparencia de un ejercicio que pensaríamos no debiera regularse porque sería por el bien de los ciudadanos y para obtener la información que pocas veces se otorga.
Lo más deplorable es cuando se aprueban este tipo de comparecencias en el pleno y los coordinadores parlamentarios nunca quieren ponerle fecha para que se olvide; esto les ha funcionado, salvo cuando hay presión social.
En pocas palabras, ¿los diputados locales sí son representantes sociales o son de sus partidos?
El Congreso del Estado entre sus obligaciones está la rendición de cuentas, pero parece que este aspecto es el que menos quieren hacer y sólo han mostrado su desinterés en hacerlo.
Las comparecencias deberían ser una práctica común en sesiones de comisión o de la Junta de Coordinación Política para que en realidad sean el contrapeso que se requiere y se obligue a los entes públicos a que hagan las cosas bien, y si no es así, sepan que serán cuestionados y tendrán que dar explicaciones.
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jl/I