¿De qué es capaz Alfaro?

Hace más de un año, en medio de una cobertura de la protesta en lo que se llamó Parque Resistencia Huentitán, uno de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que están en prisión preventiva me preguntó: “¿Crees que Alfaro se anime a matar?”. En su mirada había miedo. Le dije que no podía responderle, porque si le decía que no y le sucedía algo, no me lo perdonaría; en cambio, si mi respuesta era afirmativa y no sucedía nada, lo asustaría en vano. Le plantee que pensara que se trataba de un negocio de miles de millones de pesos y a partir de ahí cuáles serían las acciones que se emprenderían.

Esta anécdota ya la había contado en este espacio, pero es inevitable recordarla en este momento. Cuando sucedió, todavía no había un rompimiento político entre el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez y la Universidad de Guadalajara. Los jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios se habían incorporado a la protesta de vecinos de Huentitán en apoyo a su entonces presidente, Javier Armenta, quien junto con su familia vive en esa colonia y había formado parte de las protestas desde tiempo atrás.

Luego vinieron las diferencias entre el grupo político de la UdeG y el gobernador Enrique Alfaro, por lo que este último incorporó a su conveniencia el asunto de Iconia en la agenda de diferendos.

La primera acción emprendida por el gobierno del estado fue el desalojo violento de los manifestantes la madrugada del 19 de agosto de 2021. La hora en que se ejecutó la orden del juez José de Jesús Rivera Gallegos fue sospechosa. Con amenazas y pateando las casas de campaña, despertaron a los jóvenes para luego sacarlos con violencia. Los hechos quedaron grabados.

En esas mismas fechas los estudiantes se enteraron de manera extraoficial que había indicaciones de proceder jurídicamente en su contra.

El desalojo violento parecía ya de por sí un exceso, una muestra de fuerza de la autoridad ante el todavía incipiente conflicto con la Universidad de Guadalajara y en defensa de las empresas con las que el ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez negoció la entrega del predio donde se construye Iconia, cuando era presidente municipal.

El 23 de diciembre pasado los estudiantes Francisco Javier Armenta Araiza, José Alexis Rojas Umanzor e Iván Ilich Vladimir Cisneros González recibieron la notificación para que se presentaran a la audiencia inicial para formular imputación el 26 de diciembre, en pleno periodo vacacional.

El Covid les impidió presentarse, pero el juez, casualmente el mismo Rivera Gallegos, decidió no esperar demasiado y volvió a citarlos el 5 de enero. En la audiencia determinó dictarles prisión preventiva.

La defensa del predio en el que se construye Iconia es una lucha social de más de una década, emprendida por vecinos de Huentitán. El predio fue adquirido por el Ayuntamiento de Guadalajara para construir un parque, hasta que el ex presidente Alfonso Petersen decidió entregarlo a la empresa española Mecano para un desarrollo inmobiliario. Dicha empresa debía realizar una serie de obras como contraprestación, lo que no sucedió.

Mecano entregó sus derechos a otra empresa, Operadora Hotelera Salamanca, sin consultar al gobierno municipal. Pero eso no fue un problema para el entonces alcalde Enrique Alfaro, quien renegoció las condiciones del convenio con la nueva empresa.

Las declaraciones del gobernador, de que el predio es privado desde 2008, no son verdad y él lo sabe, pues su firma está en el convenio con Salamanca. Por eso cabe hacerse la pregunta: ¿de qué será capaz para conservar la negociación a la que llegó con los particulares? y, de paso, ¿ningún gobierno municipal exigirá el cumplimiento por parte de las empresas?

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