La Contraloría del Poder Legislativo carece de alguna denuncia por moches solicitados por diputados a empleados supernumerarios a cambio de mantenerlos en su trabajo, tema que fue evidenciado la semana pasada en una mesa de trabajo que busca una reingeniería administrativa en el Congreso.

En entrevista, el contralor legislativo, Arturo Ríos Bojórquez, informó que este caso requiere de indicios concretos para poder iniciar alguna investigación y por el momento no tiene ninguno.

“En este momento no se ha presentado, según me reporta la autoridad investigadora, ninguna denuncia en este sentido”, acotó.

El 19 de julio, durante la mesa de trabajo para una reingeniería administrativa en el Congreso, el dirigente del Sindicato Independiente, Alberto Mercado González, y el empleado de base Jorge Ortega denunciaron públicamente y con micrófono en mano que algunos diputados, sin decir nombres, pedían hasta el 50 por ciento del salario a quienes contratan en sus salas.

Ambos señalaron que conocen a gente que está contratada de esa forma y no se hace nada.

Al respecto, el contralor insistió en que ante estos escenarios es necesario contar con elementos como circunstancias de modo, tiempo y lugar, y señalar a personas presuntamente responsables.

“En ese sentido, obviamente no se mencionaron nombres, hasta donde sabemos, por el tema de las notas (periodísticas), y obviamente para poder dar curso a alguna investigación, en materia de responsabilidad administrativa, y en materia de cualquier tipo de responsabilidad, sí resulta indispensable hacer algunas precisiones respecto de temas de modo, tiempo y lugar y personas también”, aseveró.

El contralor justificó que las denuncias verbales fueron muy generales y no conoce más información que la publicada por medios de comunicación. Descartó que vaya a citar a Mercado y Ortega por sus dichos, pero sostuvo que ambos tienen las puertas abiertas para presentar denuncias.

El 27 de marzo de 2020, NTR publicó una denuncia de Marisol Alvarado Núñez, ex empleada del ex diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) Ismael Espanta Tejeda, a quien acusó de finiquitarle su contrato sin avisarle y rasurarle 2 mil pesos de su salario en cada quincena durante un año.

Al quedarse sin empleo, Alvarado Núñez insistió en que no era la única en esa situación y aseguró que otros ex legisladores hacían lo mismo. En respuesta, Espanta Tejeda negó sus dichos.

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