Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, centro de adiestramiento criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ubicado en Teuchitlán, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una comunicación oficial en junio de 2025 al Estado mexicano para que explicara la persistencia del reclutamiento forzado en el país y las acciones para prevenirlo y atenderlo.
Si bien el gobierno de México respondió desde agosto, apenas en diciembre se hizo público el documento, mismo en el que omitió informar sobre la situación del reclutamiento forzado y acciones específicas para su atención.
Lo único que se menciona es que existe el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) 2021-2024, mismo que al día de hoy ya no es vigente, en el que se establecen acciones a realizar para prevenir el reclutamiento.
“Dentro de la Estrategia Prioritaria 3.5, se buscó implementar acciones para la prevención, protección, atención y respuesta frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes con el fin de garantizar su derecho a la integridad personal. En particular, la acción 3.5.2 tuvo como objetivo fortalecer los mecanismos para la detección y atención de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo desaparición, explotación, reclutamiento de menores de 18 años en actividades delictivas, trata y explotación de niñas, niños y adolescentes, asegurando su protección integral”, describe el documento.
Más allá de eso, en la respuesta no se aborda el contexto actual ni acciones puntuales ni estadísticas que tenga el gobierno de México para medir el problema.
Sobre lo ocurrido en el Rancho Izagurre, el gobierno de México insistió en que la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que no habrá impunidad, más reconoció que no hay avances en las investigaciones.
“Los restos óseos encontrados en el inmueble, tanto como los que no fueron levantados por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y de los que han sido levantados por peritos adscritos al Centro Federal Pericial Forense de la FGR, no ha sido posible evaluar ninguna característica para el perfil biológico, ni realizar la individualización y/o asociación entre sí. Continúa el procedimiento del inmueble y, de encontrar restos óseos adicionales, realizará el mismo procedimiento”, añade el documento.
Sobre la atención a las crisis de desaparición y forense en México, el gobierno de México se limitó a mencionar que se generaron mesas de trabajo y están en la planeación de estrategias.
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