Mientras el gobierno estatal impulsa a Jalisco como el “Gigante Agroindustrial de México”, el modelo de desarrollo basado en la agroindustria de exportación ha intensificado la sobreexplotación y contaminación del agua, profundizando una crisis hídrica que afecta tanto a zonas urbanas como rurales, según el estudio Jalisco, la disputa por el agua. Entre el negocio y el servicio público.

El análisis, autoría de Juan Carlos Páez Vieyra, reveló que la expansión de cultivos como aguacate, agave y berries, destinados principalmente al mercado internacional, ha elevado de forma sostenida la presión sobre acuíferos y cuencas del estado. Tan solo el cultivo de aguacate, cuya producción casi se duplicó entre 2019 y 2024, requiere alrededor de 900 litros de agua por cada kilo producido, de acuerdo con datos del sector.

A ello se suma la deforestación asociada al cambio de uso de suelo. En el caso del agave para tequila, la producción pasó de 900 mil toneladas en 2019 a 1.8 millones en 2024, con una pérdida estimada de 90 mil hectáreas de cobertura forestal en ese periodo, principalmente en regiones como la Sierra de Amula y la Ciénega.

De acuerdo con el investigador y datos del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), los mayores volúmenes de agua concesionada en Jalisco están en manos de grandes empresas cerveceras, refresqueras, tequileras, químicas, agroexportadoras e inmobiliarias. Entre ellas figuran firmas como Grupo Modelo, Coca-Cola, Heineken, Tequila Sauza y desarrolladoras de vivienda y fraccionamientos de alto nivel.

El marco legal vigente, añade en el estudio, permite concesiones de hasta 50 años y la transferencia de derechos de agua, lo que ha favorecido la concentración del recurso en pocos actores mientras comunidades y ciudades enfrentan escasez y tandeos.

Aunado a la presión productiva y el crecimiento urbano sin planeación, en Jalisco se ha agravado la contaminación de cuerpos de agua estratégicos como el río Santiago, el lago de Chapala y la laguna de Cajititlán. Además, se estima que sólo el 35 por ciento de las aguas residuales del estado reciben algún tipo de tratamiento.

El estudio también indica que municipios como El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y Ocotlán concentran los mayores impactos ambientales y sanitarios, pues los organismos de derechos humanos han documentado desde hace más de una década daños a la salud de la población ribereña, sin que los programas de saneamiento se traduzcan en resultados sostenidos.

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