A través del informe del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) se dió a conocer que, mientras Puerto Vallarta se consolida como la segunda zona de mayor crecimiento económico de Jalisco, sólo detrás del Área Metropolitana de Guadalajara, la violencia contra las mujeres avanza en paralelo.

De acuerdo con Cladem, aunque el municipio forma parte de la única zona turística y es considerada un polo estratégico de desarrollo para Jalisco y atrae a millones de visitantes cada año, también persisten las desigualdades estructurales.

Desde 2016, explicó, que Puerto Vallarta cuenta con una Alerta de Violencia de Género estatal, y desde 2018 con una federal, tras detectarse patrones estructurales de violencia sexual, feminicida y desaparición de mujeres, pese a ello, la violencia no ha disminuido.

Solo entre 2014 y noviembre de 2025, organizaciones y activistas documentaron al menos 109 muertes violentas de niñas, jóvenes y mujeres en el municipio, en distintos contextos y bajo un continuum de violencia de género, aun así, sólo entre 2 y 3 por ciento de estas muertes son investigadas bajo el protocolo de feminicidio, lo que limita el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición para las familias.

Datos presentados en la Mesa Técnica de la Alerta de Violencia de Género indican que apenas el 8 por ciento de los casos tipificados como feminicidio han sido judicializados y sentenciados en Puerto Vallarta, lo que deja una impunidad del 92 por ciento.

En cuanto a la desaparición de mujeres, es otro de los focos rojos pues de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, entre enero de 2014 y noviembre de 2025 se contabilizan 449 reportes activos en el municipio, de los cuales 65 corresponden a mujeres.

Cladem precisó que, como ocurre en gran parte del país, la búsqueda recae principalmente en las familias, en especial madres, hermanas e hijas, ante la insuficiencia de acciones institucionales.

Además, a casi una década de la primera Alerta de Violencia de Género, los mecanismos de prevención, atención, sanción y justicia siguen siendo insuficientes, coinciden defensoras de derechos humanos. Agregaron que las fallas institucionales se reproducen a nivel municipal, estatal y federal, mientras la imagen de destino turístico seguro contrasta con una realidad marcada por la violencia y la falta de justicia.

GR