Organizaciones civiles y colectivas feministas manifestaron su inconformidad por la sentencia dictada contra la defensora de derechos humanos Grisell Balderas Jonguitud, condenada el pasado 13 de febrero por un juez del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Playa del Carmen, Quintana Roo.

De acuerdo con un pronunciamiento firmado por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., colectivas feministas y asociaciones civiles, la resolución judicial vulnera instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por México, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Las organizaciones señalan que el juez habría incurrido en omisiones al no valorar pruebas que, aseguran, favorecían a Balderas Jonguitud, además de no aplicar una perspectiva de género en el análisis del caso. También sostienen que la sentencia se sustentó en una única versión de los hechos, sin examinar el contexto de presunta violencia vicaria y control coercitivo en el entorno familiar.

Como resultado del fallo, la defensora fue condenada a dos años y nueve meses de prisión, la pérdida de la custodia de su hijo menor y al pago de la reparación del daño material y moral, entre otras sanciones.

En el comunicado, las agrupaciones afirman que el caso evidencia la persistencia de prácticas judiciales que, a su juicio, reproducen estereotipos de género y desigualdades estructurales en perjuicio de las mujeres, particularmente en Quintana Roo.

Asimismo, exigieron la revisión del proceso por parte de las autoridades competentes y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para analizar posibles violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la sentenciada.

GR