La responsabilidad por la contratación de Elizabeth Castro Cárdenas en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) es de quien la contrató y no de la conductora del programa musical “Qué quiere la banda”. Así lo señaló ella misma al presentar un escrito para pedir que se declare como improcedente la investigación en su contra.
Castro Cárdenas se queja de que se le dejó en estado de indefensión, “ya que se me está acusando con simples suposiciones y opiniones mediáticas, que más de aportar contribuyeron para que se realizara el escarnio público de mi persona y un juicio paralelo en mi contra, en el cual ya fui social y mediáticamente juzgada y responsable”, sólo por el hecho de “ser una mujer que quiere salir adelante, buscando mejores oportunidades dentro de la función pública”.
En un escrito en el que se presenta como “licenciada en derecho”, dirigido a la autoridad substanciadora y resolutora del Órgano Interno de Control (OIC) del Siapa, Elizabeth Castro asegura que ella nunca presentó documentos falsos para acreditarse como abogada y que el apartado de su currículum en donde dice que tenía la licenciatura en derecho no señala que la carrera esté concluida.
El texto presentado por la ex funcionaria del Siapa, quien fue contratada por el director del Siapa, Antonio Juárez Trueba, como su asesora técnica, con un salario mensual de más de 73 mil pesos mensuales, tiene demasiados errores de redacción, por lo que algunos párrafos no pueden entenderse. Aun así, en él asegura que en los hechos señalados en el informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) del OIC del Siapa relacionado a su caso “no se advierte ni actualiza la comisión de falta administrativa alguna y mucho menos la de utilización de información falsa, así como simular el cumplimiento de requisitos” señalados en la ley.
En el procedimiento contra Elizabeth Castro el OIC del Siapa señaló que fue “omisa en presentar documentación académica que acreditara su licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara”, según los datos presentados en el currículum entregado para su contratación. Esto, porque en su declaración de situación patrimonial y de interés, entregada el 14 de mayo de 2025, señaló que apenas cursaba la licenciatura en la Universidad Enrique Díaz de León.
El puesto para el que fue contratada, agrega la investigación, exige “carrera profesional terminada”, además que ésta debe ser “preferentemente ingeniería civil, hidráulica, arquitectura o afines” en áreas relacionadas con los procesos de agua potable y alcantarillado, mientras que Elizabeth Castro solo acreditó haber terminado la preparatoria.
En su defensa, la ex funcionaria aclara que en su currículum solo aparece la leyenda de “concluída” en estudios de secundaria y preparatoria, mientras que en el apartado de licenciatura solo menciona “Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciada en leyes”. Añade que en la solicitud de empleo que llenó precisa que cursó dos años de la licenciatura, por lo que “es claro y evidente que por el periodo que estudié tal licenciatura quedó trunca o inconclusa, por ende no hay motivo ni razón para pensar siquiera que me ostentaría como licenciada”.
Sobre su falta de perfil para el cargo, Castro Cárdenas afirma que “es una situación totalmente ajena y fuera de mi esfera, ya que esa información es de uso interno de la dependencia”.
Agrega que en los documentos que le pidieron al momento de contratarla estaba el certificado de los estudios acreditados, por lo que entregó copia simple de su certificado de bachillerato.
Elizabeth Castro señala además que ella no está obligada a probar su inocencia en este caso, por lo que pide que “previo al trámite legal correspondiente, se absuelva a la suscrita presunta responsable y se ordene el archivo de la presente causa como asunto totalmente concluido”.
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