Las respuestas de los municipios ante la pega de fichas de personas desaparecidas exhiben una disputa por el espacio público: mientras colectivos colocan cédulas en postes y bardas para visibilizar la búsqueda, autoridades habilitan espacios y otras las retiran o cubren.

Esta tensión es documentada en la investigación construcción del espacio público a través de la pega de cédulas de personas desaparecidas, del investigador Armando Correa Santillán, quien advierte que las calles se han convertido en un escenario de confrontación simbólica entre familias y autoridades.

El estudio muestra que no existe una respuesta institucional uniforme en el estado, dependiendo del municipio, la práctica de pegar cédulas con fotografías de personas desaparecidas puede encontrar cooperación, tolerancia o incluso confrontación directa.

Uno de los casos que la investigación identifica como un modelo de cooperación ocurre en Zapopan, donde se implementó el programa “Ventanas de la Esperanza”. A través de este esquema, el municipio habilita bardas de establecimientos comerciales para colocar fichas de búsqueda y se compromete a no retirarlas.

Como parte de un acuerdo implícito, los colectivos evitan colocar cédulas en espacios emblemáticos como la Plaza de las Américas, lo que permite mantener un equilibrio entre la visibilidad de los casos y la regulación del espacio público.

La situación es distinta en Guadalajara, donde el estudio describe una relación más ambigua. Durante las jornadas de pega de fichas, los colectivos suelen encontrar una actitud cordial por parte de la policía municipal; sin embargo, posteriormente las cédulas son retiradas o cubiertas con pintura en el mobiliario urbano. Esta práctica reduce su permanencia en las calles y obliga a los familiares a repetir constantemente el proceso de colocación.

El escenario más tenso documentado en la investigación ocurrió en San Pedro Tlaquepaque, donde en 2023 una integrante de colectivo fue detenida tras confrontar a trabajadores municipales que retiraban fichas de búsqueda. El hecho generó movilización y presión pública que finalmente evitó su traslado a prisión.

La investigación señala que, a nivel estatal, la relación con el gobierno de Jalisco ha estado marcada por momentos de confrontación, incluyendo vigilancia policial durante manifestaciones y la instalación de vallas metálicas en edificios públicos durante protestas.

Para Correa Santillán, estas diferencias revelan que la ciudad se ha convertido en un terreno de disputa simbólica. Mientras las familias buscan mantener visibles los rostros de sus desaparecidos en postes, bardas y mobiliario urbano, las autoridades aplican distintas estrategias para regular, limitar o retirar estas expresiones del espacio público.

CES