El exprocurador general de la República Ignacio Morales Lechuga calificó como una “bomba” política, jurídica y bilateral las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, al advertir que podrían tener efectos profundos en la relación entre ambos países.

El exfuncionario explicó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición establece un plazo de 60 días para que Estados Unidos presente pruebas que sustenten las acusaciones. De no cumplirse este requisito, México podría liberar a los implicados; sin embargo, de formalizarse la solicitud, corresponderá al Ejecutivo mexicano determinar si procede la extradición, en un proceso que podría derivar en litigios prolongados.

El exprocurador subrayó que, de confirmarse las acusaciones, se estaría ante un escenario que implicaría la penetración del narcotráfico en estructuras de gobierno, lo que impactaría directamente en la credibilidad institucional y en la cooperación bilateral. Recordó además antecedentes de tensión, como el caso de Enrique "Kiki" Camarena, aunque consideró que la actual coyuntura podría tener consecuencias aún más severas.

En el ámbito económico, advirtió posibles repercusiones en el T-MEC, incluyendo presiones arancelarias o bloqueos en su implementación, en caso de que México no actúe con celeridad ante las solicitudes estadounidenses. Asimismo, señaló que este caso podría modificar de manera sustancial la relación bilateral durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Finalmente, el exprocurador anticipó un proceso prolongado con implicaciones políticas internas, como posibles desafueros de funcionarios y nuevas investigaciones derivadas de testimonios de figuras del crimen organizado como Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Señaló que el caso pondrá al Estado mexicano bajo presión internacional y podría derivar en sanciones económicas si no se atienden las exigencias de cooperación en materia de justicia.

GR