El diseño del Programa de Verificación Responsable (PVR), su costo real para los ciudadanos y la falta de resultados visibles en la calidad del aire fueron los principales cuestionamientos de diputados durante la mesa de trabajo de la Comisión Especial Temporal para el Estudio y Análisis del PVR en Jalisco, encuentro en el que participaron autoridades ambientales del estado.
Durante la sesión, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Paola Bauche Petersen, afirmó que para que la verificación vehicular tenga impacto en la salud pública es necesario que al menos el 60 por ciento del padrón vehicular obligado pasé la prueba, meta que, dijo, depende de aumentar la participación ciudadana y el mantenimiento preventivo de los vehículos.
En la mesa también participó la directora jurídica de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), Almendra Bueno Castro, quien explicó aspectos legales del funcionamiento del programa.
Uno de los principales señalamientos provino del coordinador legislativo de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, quien cuestionó la estructura del sistema. Él consideró que la adjudicación de un contrato por 19 años a la empresa tecnológica Worldwide Environmental Products (WEP), proveedor tecnológico del PVR, genera un “monopolio”.
Además, advirtió que el modelo es excluyente para vehículos antiguos y reveló que en 2025 apenas el 25 por ciento del padrón obligado cumplió con el trámite, mientras que el 36.6 por ciento de los rechazos se debió a inspecciones visuales y no a mediciones de gases.
En respuesta, la secretaria dijo que el programa no opera bajo un monopolio, sino mediante un “esquema centralizado” que permite una medición uniforme. Aclaró que aunque existe un solo proveedor tecnológico, la operación de los centros de verificación se realiza a través de diversas empresas particulares.
En el debate también se cuestionó el manejo de recursos, a lo que Bauche informó que el Fondo Estatal de Protección Ambiental (Fepag), al que se dirige dinero de la verificación, recaudó 143 millones de pesos en el último ejercicio y que éstos se destinaron a proyectos de conservación de bosques, limpieza de cuerpos de agua y mantenimiento de estaciones de monitoreo de calidad del aire.
Por su parte, la coordinara del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Refugio Camarena Jáuregui, cuestionó la eficacia del programa al señalar que los días con mala calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara pasaron de 68 en 2024 a 239 en 2025. También criticó la falta de socialización del PVR al señalar que en 2022 se informó a menos de 30 mil usuarios de un padrón cercano a 3 millones de vehículos.
Bauche Petersen reconoció que la falta de comunicación ha sido “el mayor enemigo” del programa y reiteró que recursos recaudados se canalizan al Fepag para financiar proyectos ambientales relacionados con aire, capital natural y saneamiento de ríos.
Sobre los vehículos antiguos, como los Tsuru, admitió que muchos están destinados a no aprobar la verificación por carecer de convertidor catalítico, por lo que planteó fortalecer programas de chatarrización para renovar el parque vehicular.
Durante la discusión, la diputada coordinadora de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, cuestionó que, pese a años de operación y recursos destinados al proveedor tecnológico, no exista una mejora tangible en la calidad del aire ni en la salud pública.
La secretaria advirtió que cancelar el programa sería “peligroso” y podría llevar a Jalisco a escenarios de crisis ambiental similares a los registrados en la Ciudad de México, con contingencias recurrentes.
Al cierre de la mesa de trabajo, la funcionaria se comprometió a entregar esta misma semana el informe de aplicación financiera de los proyectos apoyados a través del fideicomiso ambiental.
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