La magistrada en retiro Julia María del Carmen García, directora de la JUFED, calificó como desfavorable el balance de los primeros meses de operación del nuevo Poder Judicial.

Señaló que no se han observado mejoras en la administración de la justicia y, por el contrario, advirtió una pérdida de autonomía e independencia. Afirmó que el proceso de elección de personas juzgadoras estuvo marcado por irregularidades y que se perciben criterios regresivos, menor productividad y discusiones con tintes políticos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La exmagistrada destacó que la reforma implicó el cese de aproximadamente la mitad de las personas juzgadoras, con una segunda etapa prevista para 2027, lo que supondría la desaparición de la carrera judicial basada en mérito y experiencia. Advirtió que esto abre la puerta a la improvisación y a perfiles sin la capacitación necesaria para impartir justicia.

Sobre si se trata de un problema transitorio, sostuvo que es un tema estructural, al eliminarse el modelo de formación gradual que implicaba años de preparación. Consideró inviable que nuevos perfiles puedan asumir estas funciones con apenas meses de experiencia, frente a trayectorias que antes tomaban entre una y dos décadas.

En cuanto a las consecuencias operativas, señaló una caída significativa en la productividad, particularmente en la emisión de criterios jurisprudenciales, lo que impacta en la protección de derechos. También alertó sobre los costos económicos derivados de la falta de capacitación y experiencia entre los impartidores de justicia.

Respecto a la elección judicial prevista para 2027, planteó la posibilidad de posponerla para evitar su coincidencia con elecciones políticas, al considerar que ello podría afectar su relevancia y complejidad. Subrayó que el objetivo de fondo debe ser despolitizar la justicia y restablecer un sistema de contrapesos entre poderes.

Finalmente, cuestionó la capacidad del Instituto Nacional Electoral para organizar simultáneamente procesos electorales federales, locales y judiciales, así como la eficacia de los mecanismos de evaluación de candidaturas, al advertir que permitieron la llegada de perfiles con antecedentes cuestionables o sin la preparación suficiente.

GR