Diputados federales, locales y activistas advirtieron que el Congreso de Jalisco podría enfrentar sanciones económicas e incluso inhabilitaciones si persiste en no aprobar la reforma a la Ley del Registro Civil que garantice el reconocimiento de identidad de género a infancias trans, en cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En rueda de prensa, el diputado federal Jaime López señaló que existe una obligación constitucional de acatar lo mandatado por la Corte, por lo que votar en contra o retrasar la discusión representa un desacato al orden jurídico.
Durante el anuncio acusó que la negativa de una mayoría legislativa en Jalisco responde a prejuicios y desinformación, pese a que el reconocimiento de identidad de género no implica imposiciones, sino el acceso a documentos oficiales acordes a la identidad de niñas, niños y adolescentes.
En ese contexto, también se cuestionó a la diputada de Movimiento Ciudadano Monserrat Pérez Cisneros por votar en contra de la reforma, pese a haber llegado al cargo mediante una acción afirmativa de diversidad sexual. Legisladores y activistas señalaron que su postura contradice la representación que asumió, acusaron falta de congruencia y reprocharon que no haya dado explicaciones públicas sobre su decisión ni abierto el diálogo con colectivos de la comunidad LGBTIQ+.
Por su parte, la diputada Candelaria Ochoa, recordó que la propuesta ha sido presentada en dos ocasiones, en 2025 y 2026, sin lograr su aprobación, principalmente por el voto en contra de bancadas como Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PVEM.
Subrayó que la Corte no solo ordenó discutir el tema, sino aprobar la reforma, por lo que insistió en que el Congreso está obligado a legislar en favor de los derechos humanos y no desde posturas ideológicas.
Activistas presentes denunciaron que la falta de reconocimiento legal tiene consecuencias directas en la vida de las infancias trans, desde obstáculos en trámites escolares hasta afectaciones en su salud emocional, además de señalar que han enfrentado discursos de odio y amenazas durante el proceso.
Señalaron que, aunque existen mecanismos administrativos para realizar cambios de identidad, estos resultar inconsistentes o revictimizantes, por lo que insistieron en la necesidad de una reforma legal que dé certeza jurídica.
Finalmente, advirtieron que el incumplimiento reiterado podría derivar en medidas por parte de la Corte contra diputadas, diputados y autoridades responsables, al tratarse de una obligación derivada de una sentencia firme.
Anunciaron la realización de un foro, busca reunir a especialistas, familias y autoridades para proporcionar información técnica y científica que contribuya a una discusión legislativa informada, realizado este jueves 19 en la Casa de los Saberes Jurídicos.
CES
