Por segunda ocasión en lo que va del año, la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco no logró sesionar por falta de quórum legal. De sus ocho integrantes, únicamente tres diputadas acudieron, repitiendo el escenario del pasado 28 de enero, cuando también la inasistencia de cinco legisladores impidió avanzar en la agenda.

En esta ocasión, se perfilaban acuerdos relevantes: exhortos para reforzar campañas de búsqueda de personas, solicitar un informe detallado sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia C5 y agilizar los reembolsos económicos a víctimas de desaparición. Sin embargo, la ausencia de legisladores volvió a congelar estas discusiones.

De acuerdo con la lista de asistencia, no acudieron Montserrat Pérez y Omar Cervantes (Movimiento Ciudadano), Leonardo Almaguer (PT), Candelaria Ochoa (Morena) y Aurelio Fonseca (PRI). Aunque Tonantzin Cárdenas, Itzul Barrera y Valeria Ávila sí se presentaron, la sesión no pudo llevarse a cabo al no alcanzarse el mínimo requerido.

Entre los puntos que quedaron en pausa destaca el exhorto al Ejecutivo estatal para fortalecer la difusión de herramientas como Locatel y la línea de denuncia anónima 089, con el fin de incentivar la participación ciudadana en la búsqueda de personas desaparecidas. También se pretendía solicitar información sobre el estado del Escudo Urbano C5, particularmente en torno al funcionamiento de sus cámaras de videovigilancia.

Otro tema relevante era la propuesta para actualizar los lineamientos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas (FAARI), con el objetivo de reducir trámites, acelerar reembolsos y garantizar montos adecuados para las víctimas. Asimismo, se buscaba exhortar a la Secretaría de Hacienda estatal a agilizar la liberación de recursos.

En paralelo, la Comisión había planteado una metodología de “participación diferenciada” para mesas de trabajo, tras inconformidades de colectivos de familiares de personas desaparecidas. La propuesta surge luego de tensiones registradas en febrero, cuando organizaciones civiles cuestionaron la inclusión del colectivo “Red Alas de Libertad” en espacios conjuntos, al considerar que sus intervenciones resultaban ofensivas y revictimizantes.

El mecanismo propone realizar sesiones separadas para ciertos grupos, garantizando que todas las voces sean escuchadas sin comprometer la seguridad emocional de las familias. Las aportaciones, aunque recabadas en espacios distintos, serían integradas con el mismo peso al proceso legislativo.

JC