Con un modelo inicial de 55 unidades, operación de las 22:00 a las 06:00 horas, cobertura estimada de 34 mil usuarios y un costo anual cercano a los 43 millones de pesos, el transporte público nocturno en la Zona Metropolitana de Guadalajara vuelve al centro del debate. Las diputadas Tonantzin Cárdenas, de Futuro, y Candelaria Ochoa, de Morena, impulsan una iniciativa para que este servicio deje de ser opcional y se convierta en una obligación legal del Estado.
Para corregir ese vacío, la iniciativa busca establecer con claridad la obligación del Estado de prestar el servicio. Tonantzin Cárdenas detalló que el modelo inicial contempla 55 unidades operando de las 22:00 a las 06:00 horas, con una cobertura estimada de 34 mil usuarios y un costo anual cercano a los 43 millones de pesos.
Además, prevé que, si los concesionarios no cubren rutas nocturnas, la Secretaría de Transporte intervenga directamente para garantizar el servicio, priorizando zonas periféricas como Tlajomulco, Tonalá y el norte de Zapopan, donde la demanda es constante.
El planteamiento se sostiene en tres ejes: reducir el gasto de los usuarios, disminuir riesgos asociados a la inseguridad y a accidentes, y contribuir a la reactivación económica. En esa lógica, la iniciativa incluye medidas como vigilancia en las unidades y mejoras en la infraestructura urbana, especialmente en iluminación y condiciones de las paradas, para ofrecer entornos más seguros.
De acuerdo con los datos expuestos, al menos la mitad de los usuarios considera necesario contar con rutas nocturnas, particularmente entre las 22:00 y las 03:00 horas, cuando operan sectores como restaurantes, bares e industrias.
Frente a ello, Ochoa cuestionó que en el pasado se haya cancelado el servicio bajo argumentos de baja rentabilidad, insistiendo en que el transporte público debe medirse por su impacto social y no únicamente financiero.
La iniciativa también abre el debate sobre las condiciones laborales de los operadores, al plantear salarios dignos que no dependan del número de pasajeros, jornadas adecuadas y mejores condiciones de trabajo. Asimismo, busca reforzar la supervisión para evitar prácticas como el abandono de rutas antes de completar los recorridos, una de las principales quejas entre usuarios.
Finalmente, adelantaron que buscarán construir acuerdos con todas las fuerzas políticas en el Congreso, así como abrir mesas de trabajo con autoridades estatales y municipales.
Coincidieron en que el costo del proyecto es reducido frente a los beneficios sociales que generaría, y subrayaron que garantizar transporte nocturno no debe entenderse como una concesión, sino como una responsabilidad ineludible del Estado con quienes mantienen en marcha la ciudad incluso durante la madrugada.
JC
