De acuerdo con el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), hasta el 30 de septiembre de 2025 se registraron al menos 115 muertes violentas de mujeres, de las cuales sólo entre 14 y 20 por ciento fue consignada como feminicidio, a pesar de que el tipo penal establece que esta categoría debe aplicarse cuando haya indicios de violencia de género o cuando no existan elementos suficientes para descartar dicha motivación.
Ese desfase en las estadísticas, informó el comité, refleja la persistencia de patrones discriminatorios en las primeras diligencias, así como deficiencias en la cadena de custodia de los casos y fiscalías que tienden a reclasificar los casos como homicidio doloso, parricidio u otros delitos, lo que invisibiliza el componente de violencia de género y reduce las obligaciones del estado para garantizar justicia.
En ese sentido, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) puntualizó que la clasificación incorrecta de asesinatos de mujeres como homicidios dolosos y no como feminicidios constituye una forma de violencia institucional que limita el acceso a la justicia.
Ambas organizaciones subrayaron que reconocer los casos como feminicidio no sólo es una clasificación legal, sino una obligación del Estado para garantizar justicia y reparación integral a las víctimas. En Jalisco, las estadísticas oficiales muestran variaciones en los registros de homicidios dolosos y feminicidios entre 2024 y 2025, con descensos en algunos periodos.
Advirtieron que al consignarse sólo una fracción de los casos como feminicidio, México incumple estándares internacionales en materia de derechos humanos establecidos por organismos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las organizaciones alertaron que esta práctica contribuye a la impunidad estructural y favorece la repetición de la violencia feminicida. En el caso de niñas y adolescentes, la omisión es más grave, ya que vulnera el principio del interés superior de la niñez e impide diseñar políticas de prevención específicas.
Finalmente, Cladem puntualizó que uno de los municipios de Jalisco donde se ha detectado un incremento sistemático de la violencia sexual, feminicida y desaparición de mujeres es Puerto Vallarta, donde de 2014 a noviembre de 2025 se identificó a través de monitoreo de medios de comunicación y trabajo de incidencia en el territorio al menos 109 muertes violentas de niñas, jóvenes y mujeres en el municipio.
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