Crear un consejo estatal, imponer mayores restricciones en áreas naturales protegidas y considerar la posibilidad de limitar el acceso público son parte de las reformas a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que ya entraron en vigor en Jalisco tras su publicación oficial.
Entre los principales cambios destaca la creación del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas y Otros Instrumentos de Conservación, un órgano consultivo que apoyará a las autoridades en la formulación, la ejecución y la evaluación de políticas públicas en materia ambiental, así como en la toma de decisiones relacionadas con el manejo y preservación de estos espacios.
La reforma también incorpora el concepto de resiliencia, entendido como la capacidad de los ecosistemas y las comunidades para resistir, adaptarse y recuperarse frente a riesgos ambientales, con el objetivo de mejorar la protección futura y reducir vulnerabilidades ante fenómenos naturales o impactos humanos.
Con la entrada en vigor del decreto se establece que las áreas naturales protegidas no podrán disminuir su extensión, sino únicamente ampliarse o incrementar sus restricciones de uso de suelo, lo que refuerza su carácter de conservación y limita posibles modificaciones que afecten su integridad ambiental.
Asimismo, la explotación de recursos dentro de estas zonas queda restringida exclusivamente a los propietarios o posesionarios de los predios, quienes deberán asegurar que sus actividades no contravengan los objetivos de conservación. En el caso de personas jurídicas, se prohíbe que su objeto social contemple actividades incompatibles con la protección ambiental.
Las nuevas disposiciones también contemplan la posibilidad de que autoridades estatales y municipales restrinjan el acceso del público a las áreas naturales protegidas, previa opinión técnica del consejo estatal, en situaciones como procesos de recuperación ambiental, protección de especies en riesgo o desarrollo de investigaciones científicas.
Finalmente, en los artículos transitorios se establece que el Poder Ejecutivo estatal contará con un plazo de 90 días para instalar formalmente el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, instancia que será clave para la implementación y seguimiento de estas medidas.
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