A pesar de que seis personas continúan vinculadas a proceso tras las manifestaciones del pasado 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) condenó que las indagatorias internas contra los policías involucrados estén en manos del propio Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública, una instancia, que advirtieron, carece de autonomía para investigarse a sí misma.

Denisse Montiel, directora del CEPAD, sostuvo que este esquema no genera confianza y pone en riesgo la imparcialidad del proceso, por lo que urgió la intervención de mecanismos de investigación independientes que eviten una simulación. Asimismo, descalificó las averiguaciones a cargo de la Visitaduría de la Fiscalía del Estado, al señalar que los propios manifestantes sufrieron violaciones a sus derechos humanos mientras permanecieron en las instalaciones de dicha dependencia.

En cuanto a las 32 personas liberadas tras las protestas, la activista alertó que la incertidumbre jurídica persiste. Explicó que las carpetas de investigación continúan abiertas sin que la Fiscalía aclare el número de expedientes o los delitos imputados, lo que mantiene en vulnerabilidad a los manifestantes ante el riesgo de ser vinculados a proceso posteriormente.

Montiel condenó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por descartar categóricamente indicios de tortura en el caso. Señaló que dicha postura evidencia una "complicidad y ocultamiento" por parte del organismo estatal, un patrón que el CEPAD ha documentado y denunciado durante más de dos décadas sin que existan reformas estructurales.

De igual forma, exigió investigar la actuación de la Comisión, al denunciar que personal del organismo estuvo presente en el lugar donde presuntamente ocurrieron los actos de tortura; sin embargo, tras solicitar nombres y números telefónicos de las víctimas, omitieron compartir dicha información, la cual resultaba clave para ubicar a los detenidos y alertar a sus familias.

Finalmente, la directora del CEPAD calificó como ‘lamentable’ la negativa de la bancada de Movimiento Ciudadano a votar a favor de una partida de indemnización para los afectados. Denunció que las víctimas y sus familias han asumido los costos de atención médica, medicamentos y cirugías reconstructivas derivadas de las lesiones sufridas durante el operativo policial.

AL