El especialista en derecho laboral, Carlos de Buen, advirtió que la reforma de “Pensiones Doradas” podría tener consecuencias graves para miles de jubilados en México, al modificar de forma sustancial el monto de sus ingresos.
El director general del Bufete de Buen explicó que el impacto dependerá del nivel de pensión de cada persona, pero subrayó que, al establecerse un tope ligado a la retribución del titular del Ejecutivo existe incertidumbre sobre el monto exacto que recibirán los pensionados.
Señaló que, en algunos casos, las reducciones podrían ser drásticas, afectando la capacidad de cumplir con compromisos financieros previamente adquiridos, como hipotecas, seguros o créditos.
El experto sostuvo que más allá del impacto económico, la reforma plantea un problema jurídico de fondo, al considerar que vulnera derechos adquiridos. Indicó que las pensiones derivan de contratos colectivos, reglamentos internos o disposiciones legales vigentes al momento de la jubilación, por lo que su modificación retroactiva podría contravenir principios constitucionales como la no retroactividad de la ley y la progresividad de los derechos humanos.
Asimismo, señaló que el decreto no distingue entre distintos tipos de pensiones, lo que genera posibles escenarios de desigualdad, al dejar fuera a ciertos sectores como Fuerzas Armadas o trabajadores sindicalizados, lo que podría implicar violaciones al principio de igualdad y no discriminación.
El especialista también adelantó que ya se promovieron recursos legales por parte de algunos pensionados, quienes han obtenido suspensiones provisionales incluso antes de la entrada en vigor formal de la reforma. Explicó que, aunque la Constitución limita actualmente la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante amparo, aún existen rutas jurídicas que podrían explorarse tanto a nivel nacional como internacional.
Finalmente, el especialista advirtió que, de agotarse las instancias internas sin resultados favorables, los afectados podrían recurrir a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que abriría un nuevo frente legal en torno a esta reforma.
GR
