Ante un incremento de hasta 12 pesos en el precio de la tortilla durante la última década y alzas cercanas al 50% en los últimos cinco años, el investigador Héctor Iván del Toro advierte que la presión sobre este producto básico responde a factores estructurales que impactan toda la cadena productiva.
En este contexto, plantea reforzar los apoyos a productores de maíz, particularmente a pequeños agricultores que hoy quedan fuera de diversos programas, así como fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para equilibrar las condiciones entre el campo y el consumidor.
De acuerdo con el académico, en los últimos diez años el precio del kilogramo de tortilla ha aumentado entre 10 y 12 pesos, al pasar de 14 a 16 pesos en 2016 a niveles actuales que rondan entre 25 y 29 pesos en zonas urbanas, e incluso más en productos artesanales. Tan sólo en los últimos cinco años, el incremento ha sido cercano al 50%, con un alza aproximada de cinco pesos.
Aunque el maíz, principal insumo, no ha registrado incrementos proporcionales en el precio al productor, el especialista explicó que otros factores han presionado el costo final, como el encarecimiento de la energía eléctrica, refacciones, combustibles y el aumento en la harina industrializada, que ha subido hasta 500 pesos por tonelada.
A ello se suman factores internacionales como conflictos geopolíticos que han elevado el costo de fertilizantes hasta en 55%, además de afectar las cadenas de suministro, lo que termina trasladándose directamente al consumidor final.
En este contexto, advirtió que los aumentos registrados en otras regiones del país podrían detonar un “efecto dominó” en estados como Jalisco, donde ya se observan precios elevados, en medio de una presión inflacionaria que no se limita a la tortilla, sino a toda la canasta básica.
Frente a este panorama, Del Toro planteó la necesidad de una estrategia integral basada en la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, con el objetivo de equilibrar tanto las condiciones de producción como el poder adquisitivo de los consumidores.
Entre las principales propuestas se plantea garantizar precios justos para los productores de maíz, asegurando el cumplimiento de los acuerdos establecidos que oscilan entre los 6,080 y 6,500 pesos por tonelada, ante un escenario en el que actualmente muchos campesinos reciben entre 4,200 y 4,800 pesos, situación que desincentiva la producción.
Asimismo, se propone ampliar los apoyos al campo, con énfasis en pequeños productores que han quedado fuera de los programas federales, particularmente aquellos con superficies menores a dos hectáreas.
También se busca reducir los costos de insumos clave para la producción agrícola, especialmente combustibles como gasolina y diésel, cuyo encarecimiento impacta directamente en toda la cadena productiva y de distribución de alimentos.
Finalmente, se plantea fortalecer la coordinación intergubernamental, con el objetivo de que las políticas públicas atiendan de manera equilibrada tanto a productores como a consumidores, evitando distorsiones en el mercado y presiones adicionales sobre los precios de la canasta básica.
El investigador subrayó que fijar precios máximos no ha sido una solución efectiva históricamente; sin embargo, consideró que incrementos moderados, de uno a dos pesos, podrían ser manejables, siempre que no se acumulen con otros aumentos en servicios básicos.
GR
