Autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, en los municipios de Mezquitic y Bolaños; de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en Mezquitic; así como de Bancos de Calitique y/o San Hipólito, en Mezquital, Durango, informaron que, como pueblo wixárika, luego de 15 años de lucha legal y territorial se emitió una sentencia en contra de concesiones mineras que amenazaban con explotar su territorio considerado sagrado.
A través de una postura pública tras una resolución judicial relacionada con la defensa de Wirikuta, las comunidades señalaron que el fallo representa un avance en la protección de sus sitios ceremoniales, así como en el reconocimiento de sus derechos colectivos sobre el territorio; sin embargo, apuntaron que la determinación es incompleta y mantiene riesgos para el territorio, por lo que las comunidades wixaritari impugnaron la sentencia emitida el 11 de marzo por un juzgado federal en San Luis Potosí.
El fallo de la sentencia deriva de un juicio de amparo promovido desde 2011 contra 77 concesiones mineras otorgadas en la zona. Aunque la resolución reconoce derechos fundamentales del pueblo wixaritari, autoridades comunales y el Consejo Regional Wixárika subrayaron que es incompleta.
De acuerdo con representantes agrarios, la sentencia valida el derecho a la autodeterminación indígena, reconoce el vínculo espiritual y establece la obligación de consulta previa desde la solicitud de concesiones, además de ordenar la traducción del fallo al idioma wixárika.
Asimismo, retoma el decreto estatal de 2023 que protege el área natural y cancela concesiones dentro de dicha zona, sin embargo, advirtieron que la resolución deja vigentes al menos 20 concesiones fuera del área natural protegida, vinculadas a proyectos de la empresa canadiense First Majestic, lo que, señalaron, pone en riesgo la zona de influencia ambiental y cultural.
El Consejo Regional Wixárika informó que el pasado 30 de marzo presentó un recurso de revisión contra la sentencia, el cual fue admitido el 7 de abril y podría ser turnado a un tribunal colegiado en San Luis Potosí en las próximas semanas. También adelantaron que la resolución podría tardar hasta un año.
Entre sus demandas las comunidades exigen la cancelación total de las concesiones mineras en Wirikuta, la ampliación de la protección a nivel federal y la prohibición definitiva de actividades extractivas en el Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural de Wirikuta y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Wirrárika.
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