La presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 por parte de la Fiscalía General de la República constituye, al menos en el plano discursivo, un intento por redefinir la relación entre el Estado y una ciudadanía históricamente agraviada por la impunidad. Más que un documento programático, el plan se proyecta como una narrativa de transformación institucional que busca desplazar inercias profundamente arraigadas: la burocratización excesiva, la debilidad técnica en la investigación y la marginación sistemática de las víctimas. Sin embargo, su relevancia no radica en la contundencia de su retórica, sino en la posibilidad –todavía incierta– de traducir ese lenguaje en cambios verificables dentro de contextos locales marcados por la complejidad, como es el caso de Jalisco.
En Jalisco, la procuración de justicia se enfrenta a problemáticas estructurales que no pueden resolverse exclusivamente desde el diseño federal. La persistencia de desapariciones, la violencia feminicida y la expansión de la violencia familiar no solo reflejan fallas institucionales, sino también la incapacidad del aparato estatal para articular respuestas integrales. En este sentido, el plan plantea una apuesta por el fortalecimiento de las fiscalías estatales; no obstante, dicha apuesta exige algo más que lineamientos generales: requiere una coordinación efectiva, sostenida y evaluable entre los distintos niveles de gobierno.
Dos dimensiones resultan cruciales para analizar la viabilidad del modelo propuesto. La primera es la profesionalización de los cuerpos de investigación, entendida no solo como capacitación técnica, sino como la construcción de una ética institucional basada en la rendición de cuentas. La segunda es la capacidad de las instituciones locales para romper con prácticas que han deteriorado la confianza social, como la opacidad en los procesos o la revictimización. En este contexto, la afirmación de que “la etapa de la indiferencia ha terminado” adquiere un carácter ambivalente: por un lado, expresa una intención política clara; por otro, confronta un escepticismo social legítimo, alimentado por años de resultados insuficientes.
Desde una perspectiva analítica, la incorporación de la inteligencia científica y la perspectiva de género representan uno de los elementos más relevantes del plan. La primera busca corregir la ineficacia técnica que ha limitado la capacidad investigativa del Ministerio Público, mientras que la segunda intenta atender las dimensiones estructurales de la violencia que afectan de manera diferenciada a las mujeres. No obstante, ambas herramientas enfrentan un desafío común: la brecha entre la normatividad y la práctica. La modernización del discurso institucional no garantiza, por sí misma, la disponibilidad de recursos, tecnologías y personal capacitado en las agencias locales.
En última instancia, la trascendencia del Plan Estratégico 2026-2029 en Jalisco dependerá de su impacto tangible en la vida cotidiana de las personas. La reducción de la impunidad, la mejora en la calidad de las investigaciones y el acceso efectivo a la justicia son indicadores que trascienden cualquier narrativa institucional. Para ello, la transparencia y la integridad deben materializarse en mecanismos concretos de control ciudadano y evaluación independiente. En un entorno donde la desconfianza hacia las instituciones es persistente, la legitimidad no se construye a partir de promesas, sino de resultados verificables.
Así, más que un punto de llegada, este plan representa un punto de partida cuya viabilidad será puesta a prueba en el terreno. En el caso de Jalisco, esa prueba no se medirá únicamente en estadísticas oficiales, sino en la capacidad del estado para responder a una demanda social profundamente humana: encontrar a quienes faltan y garantizar que la justicia deje de ser una aspiración abstracta para convertirse en una experiencia concreta.
*Doctora en Derecho
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